El reciente pedido del gobierno paraguayo para acelerar la salida del embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, desató una ola de comentarios. Esta solicitud, que es motivada por el descontento con las sanciones que Washington impuso a Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) es duramente criticada por la oposición, quienes ven una preocupante subordinación del Ejecutivo a los intereses de Horacio Cartes.
El diputado Raúl Benítez fue uno de los primeros en manifestar su indignación. Señaló que el gobierno de Santiago Peña está más preocupado por “los problemas de su patrón” que por las graves falencias que afectan al país. “Estamos en la joda total”, exclamó.
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Se refirió además a la crisis en el sistema de salud, la situación crítica del Instituto de Previsión Social (IPS) y el estado calamitoso del transporte público y la educación, como problemas reales del país en que se deben preocupar los políticos.
Vergonzosa sumisión al poder del cartismo
En la misma línea, el senador Eduardo Nakayama calificó de “vergonzosa” la sumisión del gobierno al poder fáctico de Horacio Cartes. “La política exterior de nuestro país ha preferido adecuarse a los intereses de HC, antes que alinearse a los superiores intereses nacionales”, lamentó. El político describió esta situación como un “triste e innecesario retroceso” en materia diplomática.
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Por su parte, la exsenadora Desirée Masi también arremetió contra el Ejecutivo. La misma recordó su escepticismo sobre la independencia del presidente Santiago Peña respecto a Cartes. “No quiere, no puede y no tiene el carácter para hacerlo”, afirmó. En ese sentido, la exparlamentaria criticó la falta de autonomía del mandatario.
Fuerzas públicas, usadas para proteger intereses mafiosos
El Equipo Joven del Partido Patria Querida (PPQ) no tardó en expresar su rechazo. Esta agrupación política afirmó que no permitirán que las fuerzas públicas sean usadas para proteger “intereses de mafiosos y sus negociados”. “Que sigan las sanciones y que vengan con más fuerza sobre los corruptos”, exigieron, clamando por una purga en el sistema de justicia paraguayo.
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El abogado Ezequiel Santagada, por su parte, consideró que el gobierno convirtió una “sanción menor” en una ofensa innecesaria hacia un país amigo y potencia mundial. “El embajador Ostfield representa a su gobierno, no actúa por su cuenta”, explicó. El letrado subrayó que la “mediatización” de las sanciones era inevitable.
