Según la resolución firmada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis Benítez Riera, la imputación de la fiscal Betti Brítez, de Piribebuy, contra Mirtha Fernández y otras cinco personas por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos fue por G. 300 millones y, para que un Tribunal especializado en Delitos Económicos pueda atender la causa, la suma de presunto daño patrimonial debe rondar aproximadamente G. 613.261.000.
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La causa tuvo su inicio en Piribebuy, el 9 de setiembre pasado, fue recibido por la jueza Penal de Garantías de Cordillera Silvia Cáceres Riveros, quien tuvo por recibida la imputación e iniciado el procedimiento penal.
El acta de imputación refiere un supuesto perjuicio patrimonial de G. 299.231.000 ocasionado a la municipalidad durante el 2022 debido a los pagos realizados con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) por obras de construcción que, presuntamente, no se habrían ejecutado. Para justificar los pagos, se habrían utilizado documentos con contenido falso.
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La intendenta liberal está acusada por lesión de confianza en una causa anterior por un presunto daño patrimonial de G. 1.999 millones durante su gestión 2019. Luego de múltiples chicanas, la causa fue elevada a juicio oral y Mirtha Fernández, con libertad ambulatoria, administra la municipalidad mientras espera su enjuiciamiento.