Ayer lunes, un Tribunal de Apelaciones integrado por los jueces Arnulfo Arias Maldonado, Digno Arnaldo Fleitas y Adriana María Giagni rechazó un pedido de apelación de una decisión de la jueza María Fernanda García, quien rechazó un amparo de constitucionalidad presentado por los abogados Federico Legal y Ezequiel Santagada para obtener información sobre quiénes realizaron visitas fuera de agenda a la residencia presidencial, Mburuvicha Róga, en los últimos meses.
El pedido se realizó luego de denuncias realizadas por Luz Maribel Candado, exempleada doméstica de Mburuvicha Róga, quien habló de la supuesta aparición de sobres con miles de dólares en efectivo en la casa presidencial y afirmó que el presidente Santiago Peña recibía frecuentemente allí visitas no anunciadas en la agenda presidencial, incluyendo las de personas con importantes contratos con el Estado.
Con su decisión de ayer, el Tribunal de Apelación ratificó la decisión en primera instancia de la jueza García y mantuvo el bloqueo del acceso a la información que solicitaban los abogados.
Niega riesgo a la seguridad del presidente
En comunicación con ABC Cardinal este martes, el abogado Ezequiel Santagada reiteró sus afirmaciones de que el Tribunal rechazó el pedido de apelación basándose en un tecnicismo, sin que sea presentada una razón válida por la cual la información solicitada no podría hacerse pública.
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Santagada relató que el pedido inicial de información se hizo en agosto al Gabinete Civil de la Presidencia, que derivó la solicitud al Ministerio de Defensa Nacional con el argumento de que esa institución es la encargada de la seguridad del presidente de la República.
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El Ministerio de Defensa se negó a proveer la información diciendo que hacerla pública “pondría en riesgo la seguridad del presidente”, dijo el abogado, quien rechazó ese argumento señalando que en varios otros países la información de quiénes visitan las residencias presidenciales es pública.
“Incluso en Estados Unidos se sabe quiénes visitan la Casa Blanca o Camp David (residencia de descanso o para reuniones diplomáticas del presidente de EE.UU.)”, subrayó.
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Santagada agregó que el pedido que se presentó al Gabinete Civil no incluía información sobre funcionarios o custodios de Mburuvicha Róga que, teóricamente, podría permitir hallar vulnerabilidades en la seguridad de la residencia presidencial. Tampoco se pidió información sobre los movimientos de la familia del presidente, añadió.
A pesar de eso, el gobierno contestó que “se estaba afectando la seguridad del presidente”, dijo el abogado.
Discurso incoherente de transparencia
Santagada declaró que pedidos como el que él presentó con su colega y que el Poder Judicial ha rechazado son “pruebas” para el sistema judicial e institucional, pruebas que el Estado está fallando y que sirven para dejar en evidencia hasta dónde las autoridades de turno “van a llegar, hasta dónde van a destruir las instituciones de la República”.
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Agregó que las decisiones de los jueces sobre el pedido de acceso a información - que, especuló, fueron tomadas bajo presión política - demuestran la “incoherencia” de autoridades que “se lavan la boca” hablando de transparencia, pero se niegan a actuar en consecuencia a la hora de brindar esa transparencia.
Llevarán el caso a la Corte Suprema y a instancias internacionales
Santagada adelantó que planea llevar el tema “a cuanta instancia internacional haya que recurrir”.
Antes, sin embargo, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia, que atraviesa actualmente un escándalo debido a la realización de una reunión secreta entre la mayoría de sus ministros, el presidente Peña y posiblemente el expresidente Horacio Cartes en Mburuvicha Róga.
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El abogado adelantó que no recusará a ningún ministro de la Corte.
“A la larga esa información se va a conseguir, lleve el tiempo que sea, y si no se consigue es que entramos en dictadura”, sentenció.