El diputado colorado Mauricio Espínola (ANR-FR) salió al paso de las declaraciones del consejero del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, quien aseguró que la previsional se encuentra financieramente estable y dentro de los parámetros técnicos y legales.
El legislador se pronunció en X en medio de los cuestionamientos por la colocación de recursos del IPS en el banco ueno, cuyos accionistas son exsocios del presidente Santiago Peña.
Pereira afirmó en ABC TV que “los jubilados pueden estar tranquilos”, pues sostuvo que los indicadores de solvencia y riesgo están dentro de los rangos establecidos. Además, negó cualquier tipo de beneficio indebido, al asegurar que las decisiones se adoptan bajo criterios técnicos.
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“Tranquilidad” versus rendición de cuentas
Según Espínola, el mensaje del consejero no responde al fondo del problema y publicó en X un pronunciamiento titulado: “IPS, gobernanza, riesgo sistémico y la falsa ‘tranquilidad’”.
En su posteo, el diputado sostuvo que la calma institucional no puede reemplazar la obligación de explicar y justificar las decisiones. “Cuando un consejero del IPS pide “tranquilidad”, lo que realmente está diciendo es que no quiere rendir cuentas”, resaltó.
Además, resaltó que la confianza no se decreta, sino que se construye con datos, reglas claras y una gobernanza sólida.
Legalidad y gobernanza en una entidad pública
El legislador recordó que el IPS como previsional está sujeta al principio de legalidad. Esto, según indicó, implica que solo puede actuar conforme a normas escritas, previas y expresas.
En ese marco, cuestionó que se admita que “no todo está escrito”, porque eso desplaza la ley y coloca el peso de las decisiones en la voluntad del administrador, lo que considera una falla grave de gobernanza.
El conflicto de intereses como eje no resuelto
Espínola señaló que el punto central sigue sin aclararse y que las explicaciones oficiales evitan la cuestión clave, que es la inversión en ueno.
“El punto central sigue sin respuesta: ¿Por qué el IPS concentra inversiones en un banco vinculado a los exsocios del presidente? En cualquier país serio, esto activa recusaciones, auditorías y revisión independiente. Aquí, se pide ‘tranquilidad’”, cuestionó.
De acuerdo a Espínola, la relación entre poder político e inversiones previsionales exige controles reforzados y transparencia total.
Riesgo sistémico y uso del Fondo de Garantía
Otra de sus críticas apunta al uso del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) como argumento de respaldo. Espínola reconoció que esta herramienta podría cubrir al IPS ante una eventual caída de la entidad, pero advirtió que eso no constituye una defensa, sino una señal de riesgo sistémico.
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A su criterio, la utilización del FGD implicaría trasladar el costo de una mala decisión a fondos públicos y privados de todo el sistema financiero.
El diputado subrayó, asimismo, que el FGD está diseñado para proteger prioritariamente a pequeños depositantes, no a inversionistas institucionales como el IPS, que cuentan con capacidad técnica y obligación legal de realizar su propio análisis de riesgos.
Señales de alerta disfrazadas de normalidad
Espínola cuestionó también que se presenten como tranquilizadores mecanismos que, en cualquier manual de supervisión, son señales de gravedad. Mencionó la vigilancia reforzada del Banco Central del Paraguay (BCP) y antecedentes como el caso Visión, que abandonó el mercado por problemas estructurales.
En ese contexto, sostuvo que las herramientas de salvataje no son indicadores de buena salud financiera.
Añadió que el mercado financiero expone desde hace tiempo la flexibilidad e inconsistencia en la supervisión sobre ueno. Señaló que los números muestran una cartera diferida que supera el patrimonio y que, sin esos diferimientos, la entidad presentaría patrimonio negativo, lo que vuelve aún más cuestionable la decisión del IPS.
Transparencia como obligación, no como gesto
Desde el plano legal, Espínola remarcó que priorizar interés por sobre seguridad implica violar la ley, ya que el mandato del IPS es proteger el capital previsional y no perseguir mayores retornos asumiendo riesgos excesivos.
Ante ello, sostuvo que, si la situación es realmente normal y sólida, deben hacerse públicos los documentos clave que respalden las decisiones adoptadas.
“Mientras se usen herramientas de crisis como argumentos de tranquilidad, mientras se oculten riesgos patrimoniales evidentes y mientras se ignore el principio de legalidad, la tranquilidad no es un mensaje institucional. Es una señal de alarma. La transparencia no es opcional. Es un deber”, remató.