Este viernes se desarrolló en el Congreso Nacional una audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados para un debate con relación al proyecto de reforma de la Caja Fiscal que plantea el Poder Ejecutivo y que ha encontrado resistencia de varios gremios de funcionarios públicos que se verán afectados por su implementación.
Durante el acto, que contó con presencia de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de gremios de docentes, policías, militares, médicos y otros grupos de funcionarios públicos, hizo uso de la palabra la docente Corina Falcón, miembro de la Federación de Educadores del Paraguay, quien aprovechó la ocasión para realizar duras críticas a la clase política.
Falcón cuestionó que se analice elevar la edad hasta la cual los docentes y otros funcionarios públicos deberán trabajar mientras parlamentarios nombran a parientes, amigos o personas allegadas sin preparación a cargos públicos “con sueldos siderales”.
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“Es una falta de respeto a la sociedad paraguaya y no crean que todo les va a salir fácil, estamos disgustados por esa alta discriminación”, advirtió.
Docentes rechazan edad mínima de jubilación
La docente hizo eco al reclamo de gran parte de su gremio, que exige al Gobierno eliminar la edad mínima de jubilación que busca establecer y “dejar que el docente por lo menos a partir de 55 años se pueda dar el lujo de una jubilación”.
El Ministerio de Economía propone implementar una serie cambios en las cuatro cajas más deficitarias del funcionariado público - las de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, el Magisterio Nacional, los Docentes Universitarios y las Magistrados Judiciales - para estabilizar los crecientes déficits de esos fondos jubilatorios.
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La principal medida propuesta por el Gobierno para hacer frente a la diferencia negativa entre ingresos y egresos que tienen esas cajas es establecer edades mínimas de jubilación: 57 años para la jubilación extraordinaria y 62 para la ordinaria.
Según datos del Ministerio de Economía, el déficit acumulado de la Caja Fiscal alcanzó 380 millones de dólares el año pasado y el gobierno dice temer que esa diferencia negativa entre ingresos y egresos siga creciendo en los próximos años hasta llegar a un punto de insostenibilidad.