Ante la pregunta sobre si la investigación sería imparcial respecto a CARSA -empresa en la que participa su hermano-, el titular de la Corte respondió: “En primer lugar no es Carlos, sino que es Óscar. Y sí, acá no hay discriminación, todos los que están en la cuestión de los préstamos, porque este no es un tema de que este es culpable, el otro es inocente. Acá se hacen las investigaciones conforme a los casos que vayan surgiendo”.
Diesel insistió en que el proceso no debe generalizarse, sino centrarse en hechos concretos: “No se trata de generalizar, sino de puntualizar cuáles son los inconvenientes, quiénes son los culpables, qué hicieron o qué no hicieron. Así que esto no es particularizar, sino realizar la investigación de un caso concreto y ver las derivaciones y las consecuencias de esos actos”.
Sus declaraciones se dieron ayer en la reunión de la Comisión Permanente con los ministros de la Corte y los senadores sobre las acciones del Poder del Estado sobre el esquema delictivo que afecta a cerca de 35.000 trabajadores del sector público.
El antecedente: CARSA y la exclusión de Óscar Diesel
Óscar Diesel Junghanns aparece como accionista de CARSA, firma que impulsó numerosos juicios ejecutivos y que está entre las empresas más mencionadas en el entramado investigado como mafia de los pagarés.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La Fiscalía procesó a varios directivos de la compañía. Sin embargo, el hermano del presidente de la Corte no fue incluido en la investigación penal, lo que generó cuestionamientos desde distintos sectores.
La senadora Esperanza Martínez había afirmado, en una de las reuniones en el Senado, que la empresa Carsa —vinculada a los casos investigados— pertenece al hermano del ministro César Diesel.
En paralelo, avanza una de las causas más emblemáticas del caso. Para el 10 de marzo está fijado el inicio del juicio oral y público contra la exjueza de Paz Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, acusada por uso de documentos públicos de contenido falso y prevaricato.
La acusación fue presentada en septiembre de 2025 por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).
Garcete Aquino es, hasta el momento, la única magistrada removida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en el marco de esta causa.
También enfrentará juicio oral Olivia Mosqueda Núñez, actuaria judicial, acusada como cómplice de prevaricato y autora de producción inmediata de documentos falsos.
Asimismo, los abogados Sun Young Bang (firma Plan Urbano), José Olmedo Lansac y César Bogarín (vinculados a CARSA), acusados como instigadores del prevaricato.
Nulidades masivas en La Recoleta
El caso tomó un nuevo giro en enero, cuando la actual titular del Juzgado de Paz de La Recoleta, María Bethania Mendieta de Prette, declaró la nulidad de 33 juicios ejecutivos y acciones preparatorias promovidas por CARSA.
Las resoluciones se adoptaron en apenas dos jornadas:
- El martes 6 de enero: nulidad de 10 causas mediante las S.D. N° 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 61, 62 y 63.
- El jueves 8: nulidad de otras 23 causas a través de las S.D. N° 67 al 89.
En todos los expedientes se detectó un patrón común: pese a existir soporte físico, las actuaciones no estaban registradas en el sistema informático Judisoft, lo que motivó la declaración de nulidad de oficio.
Lea más: Mafia de los pagarés: Filizzola prepara 18 denuncias penales y pone la mira en el BNF
La magistrada fundamentó sus decisiones en la Acordada 1.800 del 30 de abril de 2025, por la cual la Corte Suprema aprobó el Protocolo de Actuación para la depuración de juicios ejecutivos y cobros de sumas de dinero ante los Juzgados de Paz.
Cabe recordar que la Corte designó a Mendieta de Prette en diciembre pasado, tras la renuncia del anterior juez, Víctor Nilo Rodríguez Acosta, también acusado en el marco de la investigación.