Agustín Encina, director de Contrataciones Públicas, cuestionó la cifra del 93% de aumento respecto a una licitación similar del Ministerio de Salud, señalando que ese porcentaje surge de sumar los incrementos de todos los ítems.
Sin embargo, reconoció que existen diferencias que, en algunos casos, llegan al 24%. “No se pueden sumar los ítems. Hay que comparar sábana tipo uno con sábana tipo uno”, argumentó, insistiendo en que el análisis debe hacerse producto por producto.
El titular de la DNCP evitó referirse al impacto global del contrato y centró su defensa en la metodología de comparación utilizada para instalar la cifra más alta.
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Logística como argumento central
Uno de los principales fundamentos expuestos por Encina fue el costo logístico. Sostuvo que, a diferencia de la adjudicación en Salud —que contemplaba dos hospitales y sin distribución incluida—, el IPS licitó provisión y lavandería para siete u ocho centros asistenciales en distintos puntos del país.
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“Alguien tiene que llevar la sábana diariamente a cada hospital”, expresó, justificando así que algunos ítems presenten incrementos más significativos.
No obstante, no detalló cuánto del monto adjudicado corresponde específicamente a logística ni presentó cifras comparativas desagregadas.
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Empresas vinculadas a Pettengill, “dentro del marco legal”
Sobre las sospechas de direccionamiento a firmas relacionadas con el senador Luis Pettengill, Encina afirmó que se presentaron tres consorcios y que no hubo competencia entre empresas del mismo grupo en un mismo lote.
“Desde lo que pudimos observar, no existe un reparo técnico ni jurídico”, señaló, al tiempo de remarcar que la DNCP actúa con criterios legales y procesales.
Aun así, admitió que en distintos lotes participaron empresas del grupo empresarial vinculado al legislador, aunque sostuvo que se asociaron con otras firmas especializadas para cumplir requisitos técnicos.
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Defensa institucional y tono desafiante
Encina adoptó un tono firme al defender la actuación de la DNCP. Aseguró que Paraguay es el único país con control “ex ante” (antes del hecho) en contrataciones públicas y destacó la implementación de pliegos estándar para evitar direccionamientos.
“Desde el momento en que es legal y la ley permite, nosotros permitimos”, afirmó. También sostuvo que la institución ha inhabilitado a empresas poderosas en el pasado, pese a presiones.
En ese contexto, minimizó el impacto político del caso y aseguró que las críticas “le tienen sin cuidado”.