Elevan a juicio oral causa contra concejales que denunciaron a intendente Hernán Ysidro Rivas

El intendente de Tomas Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas (ANR, HC), denunciado por 9 de 12 concejales. Es padre del polémico senador Hernán David Rivas. (Foto: Gentileza)
El intendente de Tomas Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas (ANR, HC), fue denunciado en su momento por 9 de 12 concejales. Es padre del polémico senador Hernán David Rivas. (Foto: Gentileza)

El Tribunal de Sentencia Penal N° 5 de Encarnación elevó a juicio oral y público la causa por presunta calumnia y difamación contra dos concejales de Tomás Romero Pereira. La denuncia es promovida por el cuestionado intendente Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC), padre del polémico senador cartista Hernán David Rivas (procesado por supuesto título falso). Los Ediles denunciados son Edgar González (ANR) y Concepción Martínez (independiente).

El Tribunal de Sentencia Penal N° 5 de Encarnación resolvió elevar a juicio oral y público una causa por presunta calumnia y difamación contra dos concejales de Tomás Romero Pereira , Edgar González (ANR) y Concepción Martínez (independiente).

El tribunal fijó la audiencia del juicio oral y público el 14 de octubre de 2026, a las 10:00.

El intendente de Tomás Romero Pereira (departamento de Itapúa) Hernán Ysidro Rivas Román (ANR-HC) promovió la querella contra los concejales Edgar González y Concepción Martínez, alegando que sus declaraciones buscaban dañar su reputación. Sin embargo, el trasfondo del conflicto apunta a cuestionamientos realizados por los ediles sobre la administración municipal de Rivas Román, quien es padre del polémico senador colorado cartista Hernán David Rivas (procesado penalmente por presunto título falso de abogado).

Según los datos, los concejales pusieron en duda un informe del Ejecutivo municipal relacionado con un cheque de G. 100 millones. Ocho días después de las críticas, el intendente Hernán Ysidro Rivas remitió un nuevo informe con un contenido distinto, lo que generó aún más interrogantes.

A pesar de tratarse de cuestionamientos en el ámbito de la gestión pública —un terreno donde el control y la fiscalización son funciones propias de los concejales—, la respuesta del jefe comunal fue llevar el caso a instancias judiciales.

La jueza resolvió admitir todas las pruebas presentadas, incluidas documentaciones, registros audiovisuales y publicaciones en redes sociales, lo que habilita el inicio del juicio oral y público.

Mientras tanto, será en el juicio donde se definirá si existió realmente un delito contra el honor o si se trató de expresiones vinculadas al ejercicio legítimo de la función pública.

Salvataje de Diputados

El colorado cartista Hernán Ysidro Rivas fue denunciado en su momento por la Junta Municipal de Tomás Romero Pereira por un presunto desvío de G. 2.000 millones. La Cámara de Diputados salvó en dos ocasiones de la intervención municipal pese a las graves evidencias de presunto desvío de fondos.

Rivas ya fue salvado en el periodo 2023 y actualmente está investigado por el fiscal Néstor Coronel, pero no hay avances importantes en la causa.

Rivas es uno de los intendentes cuyos pedidos de intervención están cajoneados en la Cámara de Diputados.

Hernán David Rivas (hijo), Horacio Cartes y Hernán Rivas, ayer.
El senador cartista Hernán David Rivas (hijo); el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes y el intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Rivas (ANR, HC).

Desde mediados del año pasado, Diputados viene “pateando” para adelante el tratamiento de los pedidos de intervención contra cuestionados intendentes: Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC), jefe comunal de la ciudad de Tomás Romero Pereira (Itapúa); de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR-HC); de Lima (San Pedro), Juan Manuel Ávalos (Alianza); de Ybyrarobaná (Canindeyú), César Machuca (ANR-HC); de Emboscada, Silvio Andrés Peña (PLRA); de Yby Yaú (Concepción), Vidal Argüello (Alianza) y de Juan León Mallorquín, Elvio Coronel (Alianza).

El blindaje al intendente de Tomás Romero Pereira es aún más alevoso, ya que no solo ya había sido salvado de un primer pedido en 2023 sino que también el Ministerio del Interior tuvo cajoneado por más de un año este segundo pedido de intervención, cuando la ley obliga que debe remitir el expediente a Diputados en un plazo máximo de 5 días.