El festín de los altos mandos con los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) no se detuvo tras la auditoría del ejercicio fiscal 2024.
A pesar de que la Contraloría General de la República (CGR) emitió un lapidario informe detectando el pago irregular de G. 1.466.906.668 en concepto de “Bonificación por Responsabilidad por Gestión Administrativa” a autoridades de nivel superior, la administración de Jorge Brítez optó por proteger los ingresos “vip” de sus leales, continuando el “vito” hasta febrero de este año.
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CGR llamó la atención
En febrero, la CGR publicó el informe de una auditoría de avances.
El documento señala que, para intentar evadir las exigencias de la Contraloría, el IPS planteó como mejora “suspender” pagos supeditados a una consulta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero con un engaño “bajo el brazo”.
El IPS consultó sobre la pertinencia del cobro solo para cargos menores de “jefaturas” y no para los altos “directores”, quienes eran los verdaderos beneficiarios de la repartija y a quienes no se les tocó el beneficio. Además, el dictamen solicitado solo cubría el ejercicio fiscal 2024.
“La institución deberá realizar los ajustes correspondientes a la consulta efectuada ante el MEF”, dijo la CGR en la auditoría.
Grave colusión
Entre quienes reciben mensualmente la remuneración está la directora de Auditoría Interna, Alicia Celeste Olazar Maciel, quien a su vez tiene el deber de investigar estos desvíos en la administración de Brítez.
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Sin embargo, los registros confirman que la funcionaria, como otros directivos, continuaron cobrando ininterrumpidamente su sobresueldo de G. 3.000.000 mensuales por supuesta “gestión administrativa” hasta febrero de este año.
Dictamen como excusa del IPS
Durante la gestión de Jorge Brítez, el IPS ya tiene precedentes de utilizar tergiversadamente dictámenes del MEF para justificar sus acciones de dudosa legalidad.
Recientemente, ABC reveló cómo se validaron pagos millonarios en 2024 y 2025 mediante “acuerdos extrajudiciales” con diferentes proveedores, basados justamente en un dictamen del MEF limitado al presupuesto 2023.
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La Dirección Jurídica, en ese entonces a cargo de José “José’i” González, aplicó de forma discrecional este documento para habilitar el rubro 915 “Gastos Judiciales”, pese a que el MEF había advertido que contratar servicios sin respaldo presupuestario infringe la Ley de Administración Financiera del Estado.
Desde ABC intentamos conocer la versión de Brítez a su teléfono celular con terminación 706; sin embargo, no recibimos respuesta a las reiteradas llamadas realizadas.