Por 23 votos a favor, 19 en contra y una sola abstención, el pleno del Senado concedió un permiso al senador Hernán David Rivas (ANR, HC) no contemplado en la Constitución Nacional.
El cartismo reunió los votos con los denominados “colorados disidentes”: Alfonso Noria, Colym Soroka, Ramón Retamozo, Carlos Núñez y Derlis Osorio.
Mientras que en la oposición el bloque oficialista tuvo los votos de los liberocartistas Édgar López y Noelia Cabrera, y el apoyo del senador José “Pakova” Ledesma.
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Meses atrás, los senadores cartistas y sus aliados ya habían cometido el mismo atropello al conceder al senador Erico Galeano un permiso hasta que su condena por lavado de dinero y asociación criminal quede firme y ejecutoriada.
La polémica por el pedido de permiso del senador Rivas desató un fuerte debate en el Senado, donde referentes de distintos sectores coincidieron en la gravedad del caso, aunque con matices en sus argumentos.
La senadora Celeste Amarilla (PLRA) afirmó que, más allá del resultado de la votación, “hoy ganó la ciudadanía” frente al cartismo. Sostuvo que el caso evidenció una práctica de impunidad y cuestionó duramente la legitimidad del título de Rivas, calificándolo de “atrevimiento” y “vergüenza”.
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Por su parte, el senador Rubén Velázquez (Yo Creo) aseguró que no existen condiciones constitucionales para aprobar el permiso solicitado. Argumentó que la figura solo aplica para asumir cargos en el Ejecutivo o diplomáticos, y advirtió que aceptar la solicitud implicaría avalar una irregularidad grave y eludir responsabilidades éticas.
En la misma línea, el senador Eduardo Nakayama (independiente) sostuvo que el caso deja “un aire de impunidad” que el Senado no debe cargar. Consideró que aprobar el permiso sería inconstitucional y finalmente se inclinó por su rechazo para evitar convalidar una práctica cuestionada.
El senador Rafael Filizzola (PDP) fue aún más contundente al calificar el episodio como “el escándalo más grave en la historia del Congreso”. Alertó sobre un posible “concierto criminal” detrás de la obtención del título y advirtió sobre las consecuencias legales en fallos donde Rivas participó, lo que podría derivar en demandas contra el Estado.
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Desde otra perspectiva, la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, calificó el caso como un “atentado al Estado de derecho”. Denunció la existencia de una estructura que permitió el uso de títulos falsos y cuestionó la inacción de instituciones como la Corte Suprema, señalando la gravedad sistémica del problema.
El senador Ignacio Iramain (independiente) advirtió sobre un intento de “blindaje político”, remarcando que “la banca no lava ni absuelve”. Sostuvo que el Senado no debe convertirse en refugio de conductas indebidas y pidió la renuncia inmediata de Rivas.
El senador y representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Mario Varela (ANR, disidente) alertó sobre un posible caos jurídico institucional, señalando que decisiones tomadas por el Jurado de Enjuiciamiento podrían ser cuestionadas.
Advirtió que jueces destituidos podrían solicitar su reincorporación, generando un efecto dominó y un caos en el sistema judicial.
Ningún senador del cartismo ni de sus aliados se animaron a defender a Rivas.