La expulsión del senador Erico Galeano - si antes no renuncia - recién se resolverá en una sesión extraordinaria del Senado prevista para el martes. A diferencia del caso de la exsenadora Kattya González (independiente), cuya pérdida de investidura fue resuelta en menos de 24 horas y en pleno receso parlamentario, el pasado 14 de febrero del 2024.
Aunque ayer el permiso fue revocado, la permanencia de Galeano en su banca continúa generando un fuerte desgaste político para el cartismo y una crisis institucional en el Senado.
Fuentes legislativas consideran que la falta de una renuncia inmediata compromete la imagen del Senado y proyecta hacia la ciudadanía la percepción de que la Cámara Alta protege a dirigentes vinculados con delitos graves, como el narcotráfico.
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La demora en resolver la situación del senador electo por Honor Colorado convierte al Senado en un símbolo de impunidad y debilita cualquier discurso oficial del Gobierno de lucha contra el crimen organizado.
Los colorados disidentes y los opositores ayer presentaron formalmente el libelo acusatorio en el que se solicita la pérdida de investidura del senador Galeano, condenado por lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Py.
El pedido de expulsión -que tuvo ayer ingreso oficial- se sustenta en la principal causal de destitución, prevista en el artículo 201 de la Constitución Nacional (CN): el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.
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“Las dos sentencias judiciales definitivas en segunda instancia constituyen prueba plena de que el senador utilizó su investidura y posición pública para favorecer y beneficiarse de una organización criminal”.
“Adicionalmente, la conducta es incompatible con el régimen establecido en los Artículos 196 (incompatibilidades) y 197 (inhabilidades) de la Constitución Nacional”, señala parte del libelo acusatorio.
Hablan de una supuesta estrategia jurídica
Fuentes legislativas señalan que el abogado de Galeano, Ricardo Estigarribia, que recomendó al senador no renunciar a su banca tiene un claro objetivo cual es: sostener la investidura parlamentaria para intentar obtener beneficios procesales, como una eventual prisión domiciliaria o evitar una prisión preventiva.
Las críticas apuntan a que la investidura fue concebida para garantizar el ejercicio de la representación política con la inmunidad de la palabra y no para blindar a parlamentarios frente a delitos comunes.
Senadores del cartismo incluso aguardaban que Galeano presentara voluntariamente su renuncia para evitar una nueva crisis política.
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Sin embargo, la negativa de Galeano obligó a senadores cartistas, aliados y miembros de la oposición a negociar una salida institucional mediante la derogación del permiso concedido previamente y el martes su expulsión.
Erico Galeano es condenado en el marco del operativo A Ultranza Py, considerado uno de los mayores golpes contra estructuras del narcotráfico y lavado de dinero en Paraguay.
Pasos administrativos
La derogación de la Resolución N° 1643 del 11 de marzo “por la cual se concede permiso al senador Erico Galeano” recién entrará en vigencia el martes 12 de mayo, día en que Erico será senador titular activo por unas horas antes de ser expulsado.
El senador Carlos Liseras (ANR, HC), quien recientemente fue investido por el Senado -bajo cuestionamientos constitucionales- en reemplazo del senador Hernán Rivas (ANR, HC), quien también pidió permiso por una causa judicial, tendrá que dejar de ser senador por unas horas.
En caso de que se confirme la expulsión de Galeano volverá a tomar juramento, de acuerdo a la última interpretación del cartismo y el caso de la senadora Lucía Mendoza, de Cruzada Nacional, quien reemplazó a Javier “Chaqueñito” Vera (ANR, HC), expulsado por un caso de supuesto abuso a un menor de edad.
Barrios dejará de ser “suplente”
En caso de concretarse la expulsión de Galeano, el suplente N° 1 pasará a ser senador permanente. El primer suplente colorado es el senador Antonio Barrios, del primer anillo del líder del Movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes.