El ministro Gustavo Villate y a la viceministra de Comunicación, Alejandra Duarte, aseguraron días atrás que Paraguay está exceptuado de las políticas de Google que prohíben a terceros promocionar contenidos oficiales sin autorización estatal, en un intento por justificar la difusión de campañas vinculadas al Gobierno paraguayo en páginas que se dedicaban a atacar a la prensa.
Para justificarse, utilizaron un apartado de las políticas de Google que corresponde a la categoría de pagos por acceso a vías públicas o peajes (“Public road access fees and passes“). En ningún caso esta excepción aplica para las campañas que efectivamente ejecutó la agencia desde Bogotá.
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Al respecto, en un comunicado oficial emitido hoy, el Mitic sostuvo que “no realizó montajes, modificaciones de imágenes ni manipulaciones de información” y afirmó que la política de anuncios mencionada por el medio corresponde a la categoría “Documentos y servicios oficiales del gobierno”.
Según la institución, vincular esa normativa con otras secciones de las políticas de anuncios de Google constituye una “manipulación mediática con intención de desinformar”.
Sin embargo, no incluyeron evidencias ni mostraron más datos para confirmar que realmente exista una excepción dentro de esa categoría.
Mitic niega uso de fondos públicos
Por otra parte, el Mitic reiteró que “ninguno de los contenidos mencionados fue pautado con fondos públicos” y aseguró que no tiene control sobre la permanencia o eliminación de publicaciones administradas por terceros dentro de plataformas digitales.
Asimismo, la cartera estatal afirmó que no mantiene “vínculo contractual alguno” con personas o agencias responsables de promocionar los anuncios cuestionados.
Finalmente, el ministerio recalcó que ya presentó denuncias ante las plataformas digitales correspondientes por el uso de contenidos gubernamentales.
Responsabilizan a las plataformas
“La responsabilidad por el cumplimiento de las políticas de plataformas corresponde únicamente al anunciante”, señala el comunicado del Mitic.
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Que además señala el incumplimiento de esas reglas no implica necesariamente la prohibición de uso, sino “consecuencias para quien contrata la pauta”.
Cabe mencionar que estas pautas vinculadas a los programas gubernamentales ya se realizan desde el año 2023. Sin embargo, recién tras el escándalo el Mitic tomó intervención.
Digimarketing SAS, una empresa situada en Colombia, publicó en total 65 anuncios en Google y Youtube, el 74% iba destinado a atacar a comunicadores opositores y el 26% para propaganda estatal, “sin permiso”, al menos según el Gobierno. La agencia ejecutó los anuncios enrutando tráfico hacia los dominios oficiales .gov.py.
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