La solicitud de suspender el proceso electoral del Partido Colorado fue presentada hoy por apoderados de los movimientos Colorado Añetete (abdismo) y Fuerza Republicana (velazquismo) entre otros, en una nota remitida al presidente del Tribunal Electoral Partidario de la ANR, Santiago Brizuela (ANR, HC).
La iniciativa fue formalizada después de que nuestro medio revelara que la Justicia Electoral cajoneó un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Contrataciones Públicas que pide investigar al proveedor de las máquinas de votación de las elecciones 2021, 2023 y 2026 el Consorcio Comitia-MSA (Francisco Pérez Quintana, Juan Pablo Prezzoli y Nicolás Geraldo Nelson Deane).
Dicho dictamen fue “cajoneado” para aparentemente no afectar el contrato del TSJE de casi US$ 35 millones por el arrendamiento de máquinas de votación de la proveedora, cuyos representantes en Paraguay son gerentes del grupo Ueno, exsocios de Santiago peña.
Los apoderados de la disidencia urgen que se fije de manera inmediata una nueva fecha y hora para la realización de una auditoría del software de las máquinas de votación, conforme a lo establecido en el cronograma electoral.
Así también, reclaman que se disponga la suspensión inmediata de las siguientes etapas del proceso electoral, hasta tanto se lleve a cabo efectivamente la auditoría mencionada.
Advierten además que, en caso de que se incumplan sus demandas, se reservan el derecho de promover las acciones legales, electorales y constitucionales que correspondan, a fin de resguardar la legalidad del proceso y los derechos de los movimientos que representamos, en todas las instancias que pudieran corresponder.
Presentó la solicitud el apoderado Alberto Barrios.
Autoridades del PLRA hicieron una solicitud similar al TSJE meses atrás pero la máxima instancia electoral ignoró dicho pedido.
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No hubo auditoría, recuerdan
En los antecedentes señalan que la auditoría a las máquinas de votación inicialmente fue fijada en la ANR para el 23 y 24 de febrero, pero que la misma fue “suspendida” sin nueva fecha. Señalan que no es lo mismo una auditoría a una simple verificación.
Recalcan que una “auditoría” implica un control técnico integral, independiente, profundo y verificable del sistema, incluyendo su código fuente, mecanismos de seguridad, integridad y trazabilidad. En cambio, señalan que una “verificación” constituye un procedimiento limitado, que no garantiza el estándar de control exigido para asegurar la transparencia del proceso electoral.
Alegan que la omisión de dicha auditoría vulnera de manera directa los principios de legalidad, transparencia, igualdad de condiciones entre movimientos internos, seguridad jurídica y confianza legítima en el proceso electoral, generando una situación de gravedad institucional que compromete la validez misma de las etapas subsiguientes.