El sugestivo proyecto de ley que declara situación de Emergencia Nacional de Seguridad Vial por un año, impulsado por los diputados cartistas Hugo Meza y Miguel Del Puerto, ya está en el punto cinco del orden del día de la Cámara de Senadores.
El proyecto fue presentado por los cartistas el pasado 12 de mayo donde se argumentó el aumento de los siniestros viales, y sin ser girado a comisiones asesoras fue aprobado sobre tablas con cero debate.
El documento, llamativamente, ya fue incluido en el Senado, a solo tres semanas de su aprobación en Diputados, sin contar con un solo dictamen de las comisiones asesoras.
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Ahora la pregunta obligada es: ¿qué hay detrás de la celeridad por declarar al país en emergencia vial?
El escueto proyecto cuenta con cinco artículos, pero en solo tres se indica el sentido de la iniciativa impulsada. En el primer artículo se indica que se declarará por un año la emergencia vial.
Discrecionalidad para amigo de Bachi
En el segundo punto está lo preocupante debido a su exagerada amplitud en cuanto al poder que se le da a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, cuyo titular es Félix Jiménez, quien forma parte del equipo político del senador Basilio “Bachi” Núñez, titular del Congreso Nacional.
“La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial adoptará medidas excepcionales y extraordinarias de carácter administrativas”, reza una parte del articulado, pero no se define cuáles serían las medidas.
Supuestamente se utilizará para la prevención, fiscalización, control y reducción de los siniestros viales, mediante la utilización de medios tecnológicos; sin embargo no se define cuáles serían los “medios tecnológicos”, lo que podría ser utilizado para volver a las inconstitucionales “fotomultas” y los radares, que en el pasado fue utilizado meramente para recaudar.
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En el punto tres se autoriza a la Agencia Nacional de Tránsito establecer mediante actos administrativos, los mecanismos operativos, técnicos e interinstitucionales para hacer cumplir el punto dos. Es decir, se dará vía libre a Félix Jiménez para poder aplicar las multas.
En tanto que, los puntos cuatro es sobre la fecha de vigencia y el cinco es la comunicación oficial al Poder Ejecutivo.
Qué significa declarar en emergencia
Declarar una ciudad o un país en emergencia significa activar un régimen de excepción legal que permite a las autoridades saltarse los procesos legales habituales.
El objetivo, principalmente es agilizar compras, contratar personal y redirigir fondos presupuestarios de forma rápida, saltando los controles más rigurosos. Este punto es aprovechado generalmente por las autoridades inescrupulosas para hacer sus negociados.
Consultada al respecto, la senadora Esperanza Martínez (FG) manifestó que el proyecto no tiene ninguna justificación, pues lo único que se busca es un camino abreviado para direccionar las compras del Estado.
“No tiene ninguna justificación, todos entendemos el problema de los accidentes de tránsito, la gravedad que tienen en cuanto a salud y a nivel social. Pero no se justifica una ley de emergencia”, dijo la senadora Martínez.
Agregó que no entiende por qué no se buscan implementar los mecanismos de seguridad vial, el mecanismo normal del Estado, como por ejemplo utilizando los recursos ya disponibles en las diversas instituciones públicas enfocadas en la prevención de siniestros.
¿Por qué se buscaría un camino abreviado?, dijo la senadora.
“Esto va de la mano del desvío de las compras hacia un sector donde se acuerdan cosas, se direccionan precios. Se presta a mucha mala interpretación sobre todo en este país donde se roban a cinco manos. Las compras públicas en este gobierno están viciadas de corrupción, de direccionamiento, de discrecionalidad”, sostuvo Martínez.