Villalba Digalo narró que denunció a Zarratea ante la Superintendencia de Justicia de la Corte Suprema. Esto a raíz de que lo contrató en un pleito sobre la fijación de su jubilación ante el Instituto de Previsión Social (IPS). Afirmó que en un inicio habrían acordado verbalmente un pago de solo G. 2 millones por “corregir” los escritos del trabajador, pero que concluido el pleito, Zarratea le exigió G. 11 millones más y que no le dio factura. Posteriormente, Villalba refirió que le hizo firmar un recibo por 13 millones donde se manifiesta el concepto por pago y cancelación de honorarios profesionales.
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Dijo que al estar muy molesto, lo denunció en redes sociales porque le parecía grave que un abogado, exjuez y exparlamentario actúe de esta manera. “Que la gente conozca cómo actúa”, dijo.
Fue al señalar que su caso es de interés público ya que Zarratea fue juez, convencional constituyente, legislador “y ahora pretende ser concejal, y promueve a su hijastro Rodrigo Franco, a quien lo conocen como Bukele’i, como candidato a intendente”.
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Agregó que cuando Zarratea leyó las denuncias en su contra en sus redes sociales, lo intimidó exigiendo por vía judicial que sus honorarios finales sean de G. 36 millones. Dijo que además le puso una medida cautelar para censurar sus críticas en redes sociales, violando su libertad de expresión, por supuesto hecho de difamación, calumnia e injuria, “donde también seguramente va a pedir usar más plata”.
Niega acusaciones y resalta sentencia
Por su parte, Zarratea negó las acusaciones, dijo que sus honorarios fueron regulados legalmente por un juez y que Villalba lo difamó.
Dijo que Villalba fue procesado y sumariado por fraude al IPS para fijar su jubilación, motivo por el cual fue contratado y ganó el pleito, lo que dejó a su entonces cliente y hoy denunciante con una pensión de G. 6 millones al mes hasta su muerte.
Señaló que cuando quiso cobrar sus honorarios, Villalba quiso fijar el pago de forma arbitraria. Recordó que como era “un amarrete” (tacaño) solo le cobró G. 10 millones, pero que tras cobrarle el dinero, este le exigió devolverle G. 7 millones.
Explicó que se negó a devolverle el monto y que este lo amenazó con “blequearle” y fundirlo profesionalmente.
“Me difamó muchísimo por todas las redes sociales”, dijo, y agregó que en febrero último salió la sentencia por cobro de honorarios en que al final le correspondía cobrar G. 14 millones como abogado.
“Entonces, yo le promoví la querella por difamación y calumnia, que está en curso”, acotó.