La Justicia Electoral lleva a cabo la distribución de materiales para los comicios internos del próximo domingo y la Fiscalía anunció un operativo especial para intervenir ante posibles delitos electorales.
La jefa del Registro Electoral de Coronel Oviedo, Nancy Portillo, informó que ya fueron recepcionadas las máquinas de votación y los maletines electorales destinados a los distintos distritos del departamento. Actualmente, se realiza la distribución correspondiente para garantizar el normal desarrollo de los comicios, explicó.
Indicó que para la jornada electoral se dispuso un importante despliegue de funcionarios que estarán asignados a los distintos locales de votación. En el caso de Coronel Oviedo, se contará con personal electoral distribuido en los 16 colegios electorales.
Según los datos proporcionados por la Justicia Electoral, la ANR cuenta con 201.450 electores habilitados en todo el departamento de Caaguazú, mientras que el PLRA registra 111.315 empadronados. Las autoridades estiman que la participación podría alcanzar el 60% del padrón electoral.
En cuanto a la cantidad de locales de votación, Portillo señaló que ambas nucleaciones políticas habilitaron más de 30 locales a nivel departamental. En Coronel Oviedo, el PLRA dispondrá de 11 locales de votación para 21.976 potenciales electores, mientras que la ANR cuenta con aproximadamente 45.000 afiliados habilitados para sufragar.
Fiscalía dice que estará atenta ante posibles delitos electorales
Por su parte, el fiscal de Delitos Electorales de Caaguazú, Fermín Segovia, informó que fue designado por la Fiscalía General del Estado para intervenir durante la jornada electoral en Coronel Oviedo ante eventuales hechos punibles relacionados con las internas partidarias.
Aclaró que su intervención se limitará exclusivamente a los delitos electorales contemplados en la legislación vigente, y no a las faltas electorales, las cuales son atendidas por otro fiscal designado para ese efecto.
Entre los hechos que podrían configurar delitos electorales mencionó la coacción al elector, la inducción al voto, los intentos de impedir el normal desarrollo de las elecciones y la utilización de documentos falsificados para validar sufragios.
Explicó, además, que situaciones como la instalación irregular de puestos de comando (PC), el acompañamiento indebido de personas al cuarto oscuro u otras infracciones administrativas son consideradas faltas electorales y no delitos.
Respecto a la práctica conocida como compra de cédulas, Segovia señaló que cada caso debe ser analizado de acuerdo con el contexto en que se produzca. Indicó que la sola posesión de varios documentos de identidad no constituye automáticamente un delito, aunque puede representar un indicio que motive una investigación más profunda.
El fiscal recordó finalmente que los delitos electorales contemplan penas privativas de libertad, que en la mayoría de los casos no superan los cinco años de cárcel.