Ante la consulta sobre qué harán con la reiteración del juez Osmar Legal del pedido de desafuero contra el diputado cartista Esteban Samaniego en la causa por presunto daño patrimonial de G. 1.108 millones cuando era intendente de Quyquyhó, el presidente de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) se justificó diciendo que habrá que buscar acuerdos con los otros tres diputados con pedidos pendientes: los liberocartistas Roya Torres y Cleto Marcelino Giménez y el diputado abdista, Mauricio Espínola (cuyo caso es particular).
“Tenemos varios colegas que se encuentran en esa situación y son de los diferentes sectores políticos -del oficialismo y de la oposición- y el desafuero requiere una mayoría de dos tercios (53 votos), ninguna de las fuerzas políticas tiene por sí misma una mayoría de dos tercios”, dijo Latorre haciendo una descripción de lo obvio para evitar el caso particular de Samaniego.
El cartista Samaniego le gana a todos por escándalo, ya que posee en total cuatro pedidos de desafuero y el más antiguo data ya de 2019, y ni uno se puede alegar que existe una cuestión política detrás que amerite el blindaje escandaloso del que goza ya hace dos periodos legislativos.
Legal insiste en pedido de desafuero
La causa por la que la semana pasada el juez Legal reiteró el pedido también involucra a la esposa del legislador e intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR, HC) y otros allegados, y está a puertas de juicio oral y público, proceso en el cual no está a la par Samaniego al estar blindado por sus fueros.
Las otras tres causas son por agresión física y por presunto atropello de una propiedad, es decir, ni una atribuible a una “persecución política en su contra”, como sí se hay indicios en el caso del diputado abdista Mauricio Espínola.
Los cartistas pretenden equiparar ambos casos, pese a que el de Espínola es el único con dictamen por el rechazo, ya que se trata de una causa por supuesta revelación de secretos en acto de servicio y otros, que se abrió en base a la denuncia del actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.
El dictamen por el rechazo se dio luego de que se evidenciaron conversaciones donde el abogado de Cartes, Pedro Ovelar daba instrucciones directas de diligencias a realizar en la causa al entonces fiscal del caso, Aldo Cantero.
Latorre insistió en pretender igualar todos los casos, diciendo que “el desafuero de todos los actores requiere un consenso” y por ende, “es una conversación que se tiene que tener con todos los sectores porque la aprobación requiere un acuerdo político” y que “esa es la realidad práctica”.
Otros casos congelados
Tanto en el caso de Esteban Samaniego, como en el de los liberocartistas Roya Torres y Cleto Marcelino Giménez (estos dos procesados por casos de sus nepobabies planilleros) en realidad lo que se impone es que ellos mismos pidan su desafuero, al ser causas netamente penales o civiles sin trasfondo político.
En dicho sentido, dio el ejemplo Espínola, que la semana pasada él mismo pidió -y se aprobó inmediatamente- su desafuero en otra causa por presunto homicidio culposo al estar involucrado en un accidente de tránsito con derivación fatal, consciente de que no se trataba de una cuestión política.
De hecho, el Congreso y especialmente Diputados, hacen una interpretación abusiva de los fueros, ya que el artículo 191 de la Constitución “de las inmunidades” establece taxativamente que “ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones".
Además de inmunidad de palabra, dicho artículo constitucional solo protege contra la detención, salvo hechos de flagrancia.