El diputado cartista Yamil Esgaib impulsa proyecto de ley que declara estado de emergencia en el Instituto de Previsión Social (IPS). El abogado Óscar Tuma expresó su preocupación por la iniciativa.
Según sostuvo, la propuesta excede los límites razonables de un régimen excepcional y podría derivar en contrataciones sin controles adecuados sobre el uso de recursos públicos.
“Ni en pandemia se hizo algo así. Coincidimos que el IPS está en una situación crítica, pero no se puede, a través de un proyecto de ley, abrir la canilla y que no existan órganos de control para que se pueda adquirir los medicamentos”, declaró.
Tuma advierte que el proyecto elimina filtros de control
El abogado señaló que la propuesta permitiría sobrepasar instancias de control administrativo y sanitario, incluyendo organismos como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y otros entes de supervisión.
También advirtió que flexibilizaría aspectos fundamentales relacionados con la administración de fondos públicos, como la obtención de cotizaciones, la determinación de la calidad de los productos adquiridos y los mecanismos de regulación de precios.
“No es abrir solo las compuertas, sino toda la represa. Si tenemos problemas ahora, con este proyecto será peor”, alertó.
Asimismo, indicó que la información que maneja es que el proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y que existe la posibilidad de que sea sancionado por el Senado. “Sería un cheque en blanco para que se pueda hacer lo que se quiere en IPS”, sostuvo.
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Memorándum alerta sobre contrataciones directas y falta de límites
En un memorándum jurídico elaborado sobre la iniciativa, Tuma señala que la emergencia está planteada de manera excesivamente amplia, ya que no solo abarca medicamentos e insumos críticos, sino también obras de infraestructura, reparación de ascensores, adquisición de equipos y contratación directa de personal. A criterio del abogado, esto podría convertir una emergencia sanitaria en una autorización general para contratar de forma directa durante un año.
Además, cuestiona que el proyecto habilite compras directas sin establecer mecanismos mínimos de competencia entre proveedores, ya que no exige cantidad mínima de cotizaciones, comparación de precios ni informes de razonabilidad económica. Según el análisis, ello podría facilitar contrataciones direccionadas y adquisiciones con sobreprecio.
Riesgos de sobreprecios y controles tardíos
Otro de los puntos observados es que la propuesta no fija límites de monto para las contrataciones realizadas bajo el régimen de emergencia. El memorándum advierte que una compra multimillonaria podría efectuarse bajo el mismo procedimiento excepcional que una adquisición menor, debilitando los controles sobre el uso de los fondos públicos.
Tuma también considera insuficiente el esquema de fiscalización previsto, debido a que los controles de la Contraloría y los informes al Congreso serían posteriores a las compras. Según argumenta, cuando una irregularidad es detectada en una auditoría posterior, los medicamentos o insumos ya pudieron haber sido adquiridos, distribuidos o pagados.
El documento agrega que la iniciativa tampoco define claramente la fuente de financiamiento de las adquisiciones ni establece con precisión la intervención obligatoria de Dinavisa en los procesos de compra de medicamentos. Además, advierte que la emergencia no debería implicar una flexibilización de los estándares sanitarios, registros, autorizaciones o mecanismos de trazabilidad de los productos médicos.
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Las modificaciones que propone Tuma
Pese a sus cuestionamientos, el abogado sostiene que la declaración de emergencia puede ser necesaria, pero considera indispensable introducir salvaguardas adicionales antes de una eventual sanción definitiva.
Entre las recomendaciones planteadas figuran delimitar el alcance de la emergencia a medicamentos esenciales e insumos críticos, exigir al menos tres cotizaciones como regla general, establecer dictámenes técnicos y económicos previos para compras de alto valor, publicar información detallada de cada contratación en plazos breves y comparar los precios con referencias históricas del IPS, el Ministerio de Salud y la DNCP.
Asimismo, propone que la intervención de Dinavisa sea obligatoria en las adquisiciones de medicamentos, que ninguna compra se realice sin certificación de disponibilidad presupuestaria y que se incorporen auditorías concurrentes de la Contraloría para las contrataciones más relevantes.
Mejora en la redacción del proyecto
Tuma sostiene que la emergencia sanitaria no debe convertirse en una autorización general para contratar sin competencia, sin límites de monto y con controles mayormente posteriores.
El abogado insiste en su escrito en que el texto requiere “mayores límites, mayor precisión técnica y mayores controles para evitar abusos, sobreprecios y contrataciones discrecionales”.