La propuesta fue planteada durante la última sesión por el presidente de la comisión “antimafia de títulos”, Patrick Kemper (ANR, Honor Colorado), y fue aprobada por el pleno.
Pese a que el oficialismo cuenta con mayoría en la comisión, se ve sobrepasada por la exigencia de transparencia y control por parte de las senadoras Celeste Amarilla (PLRA), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Esperanza Martínez (Partido Participación Ciudadana) y la colorada disidente Blanca Ovelar.
Las legisladoras vienen insistiendo en que la comisión investigue a la Universidad Sudamericana, institución donde el exsenador cartista Hernán Rivas obtuvo el cuestionado título de abogado y por el que hoy enfrenta una causa penal.
Oficialismo consolida mayoría en la comisión antimafia
Con el ingreso de Natalicio Chase, el cartismo amplía su margen de maniobra dentro de una comisión que ya era objeto de críticas por su integración.
Desde su conformación, el oficialismo logró quedarse con la presidencia a través del senador Patrick Kemper, pese a que la comisión fue impulsada por la oposición y sectores disidentes del Partido Colorado precisamente a raíz del escándalo desatado por el caso Hernán Rivas y las denuncias sobre la existencia de una presunta estructura dedicada a la expedición y utilización de títulos universitarios irregulares.
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Las legisladoras opositoras sostienen que la investigación no puede limitarse a casos individuales y reclaman que se profundice el análisis sobre las universidades involucradas, especialmente la Universidad Sudamericana.
Reclaman investigar a la Universidad Sudamericana
Durante las primeras reuniones de la comisión, Celeste Amarilla, Yolanda Paredes, Esperanza Martínez y Blanca Ovelar coincidieron en que resulta imprescindible convocar a los responsables de la Universidad Sudamericana para esclarecer cómo fueron expedidos determinados títulos académicos que hoy son objeto de investigaciones judiciales.
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El principal antecedente es el del exsenador Hernán Rivas, quien enfrenta un proceso penal por el presunto uso de un título universitario de contenido falso. Su caso fue uno de los principales motivos que impulsaron la creación de la comisión especial del Senado.
Las senadoras sostienen que, si la investigación pretende llegar al fondo del problema, también debe determinarse la eventual responsabilidad de las instituciones educativas que emitieron los documentos cuestionados.
Cuestionan escasa participación de cartistas
Otro aspecto que llamó la atención fue la participación de algunos integrantes oficialistas.
En la reunión constitutiva de la comisión, el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna se retiró antes de que concluyera el encuentro.
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Posteriormente, durante la primera sesión ordinaria de trabajo, realizada ayer, Galaverna ya no asistió y tampoco participó de manera virtual, pese a que contaba con esa posibilidad.
Ahora, con la incorporación de Natalicio Chase, el cartismo suma un integrante más al órgano investigador, movimiento que es interpretado como un intento de asegurar el control político de las futuras decisiones de la comisión.
Una comisión marcada por la polémica
La integración de la comisión ya había generado cuestionamientos desde su creación.
El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, ubicó inicialmente a Patrick Kemper en el primer lugar de la resolución de integración, desplazando a Esperanza Martínez, principal impulsora del proyecto, lo que permitió que el senador cartista convocara la reunión constitutiva y posteriormente fuera elegido presidente.
La oposición sostiene que el oficialismo busca controlar una investigación que podría alcanzar a dirigentes políticos, funcionarios públicos y universidades vinculadas a la expedición de títulos presuntamente irregulares.