La senadora Esperanza Martínez (PPC) sostuvo que el oficialismo le comunicó que tendrá la vicepresidencia del organismo, pero aseguró que su permanencia dependerá de que exista una investigación real y sin interferencias políticas.
“Ellos ya me han comunicado. Quieren tener mayoría y van a tener la presidencia, y me han dado la vicepresidencia”, afirmó.
Martínez señaló que durante la reunión de Mesa Directiva solicitó al presidente del Congreso, el senador Basilio “Bachi” Núñez, acelerar la instalación de la comisión, atendiendo que el plazo de trabajo es limitado.
“Tenemos tres meses de investigación y ya pasaron casi dos o tres semanas y todavía no tenemos conformada la comisión”, cuestionó.
“Si no se hace un trabajo serio, me voy a retirar”
La parlamentaria afirmó que no tiene interés en disputar cargos dentro de la comisión, pero sí exige garantías para llevar adelante una investigación profunda sobre los títulos presuntamente irregulares que salpican a distintos sectores del Estado.
“Yo quiero hacer un trabajo serio y no quiero que nadie nos presione para nada. Vamos a buscar la verdad y vamos a tratar de presentar los datos que sean reales”, manifestó.
Asimismo, lanzó una advertencia directa al oficialismo. “Sea quien sea el que está detrás de un título falso, tenemos que seguir adelante con la investigación. Y si no fuera de esta manera, entonces yo me voy a retirar de la comisión. Yo no voy a estar ahí para calentar la silla”, expresó.
La senadora remarcó que siempre estuvo dispuesta a trabajar independientemente del cargo que ocupe y recordó que durante los últimos años no presidió ninguna comisión relevante dentro de la Cámara Alta.
Sospecha que existen personas ligadas al poder político involucradas
Martínez sostuvo que el interés del cartismo por controlar la presidencia de la comisión podría estar relacionado con la magnitud de las personas potencialmente afectadas por la investigación.
“Yo creo que ellos saben que hay mucha gente implicada, probablemente incluso cercana al poder político hoy en todos los estamentos del Estado”, afirmó.
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Según la legisladora, el fenómeno habría alcanzado a instituciones de los tres poderes del Estado. “No se olviden que hay gente ligada a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial. Tal vez haya aquí mismo, en el propio Senado, en la Cámara de Diputados, en los ministerios, fiscales y jueces”, señaló.
A su criterio, el problema dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una práctica extendida que afecta la credibilidad del sistema público.
“Esto se volvió un descontrol realmente inmoral”
La senadora advirtió que el uso de títulos presuntamente falsos o de dudosa procedencia tiene consecuencias graves para la sociedad, especialmente cuando quienes los ostentan ejercen profesiones que impactan directamente en la vida de las personas. “Esto se volvió un descontrol realmente inmoral”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó los riesgos de que abogados, médicos u otros profesionales ejerzan funciones sin la formación académica correspondiente. “Estamos hablando de gente que después supuestamente con el título se va y ejerce una profesión, y eso es muy grave”, afirmó.
También cuestionó la proliferación de posgrados, maestrías y doctorados obtenidos en tiempos que considera incompatibles con una formación académica rigurosa.
Cuestiona impulso de nuevas universidades
Martínez vinculó además la problemática de los títulos con la habilitación de nuevas universidades que, según afirmó, no reúnen los requisitos mínimos exigidos para operar como instituciones de educación superior.
Recordó que la semana pasada se intentó aprobar una nueva universidad que, según su criterio, ni siquiera cumplía los estándares básicos. “Por suerte se frenó. Ni siquiera las normas mínimas que establece la UNESCO se tienen en cuenta”, afirmó.
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La legisladora apuntó directamente al oficialismo como impulsor de estas iniciativas y reiteró que su participación en la comisión dependerá de la seriedad con la que se encare el trabajo. “¿Vamos a hacer bien las cosas? Ahí estoy yo. ¿Se va a hacer un vyroreí? Que se queden ellos”, sentenció.
La controversia se arrastra desde el pasado 18 de mayo, cuando el presidente del Congreso, Basilio Bachi Nuñez, firmó la resolución que conformó la comisión especial para investigar la presunta mafia de títulos.
La decisión generó cuestionamientos debido a que el cartista Patrick Kemper fue ubicado en primer lugar en la integración de la comisión, por delante de Esperanza Martínez, quien había impulsado activamente la creación del órgano.
Esa disposición abrió el camino para que el oficialismo controle la mesa directiva y, por ende, la conducción de las investigaciones. Martínez también confirmó que Kemper será el presidente de la comisión.