La maniobra ocurre luego de años de blindaje político al exsenador cartista Hernán David Rivas, cuyo caso fue uno de los principales detonantes de la creación de la comisión especial.
Durante ese proceso, el cartismo y sus aliados sostuvieron al entonces legislador mediante un des-desafuero, la concesión de permiso como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el archivo de un pedido de pérdida de investidura y, finalmente, la aceptación de su renuncia al Senado para no exponerlo a una expulsión.
Rivas presentó su renuncia a la Cámara Alta el pasado 8 de mayo, en la antesala de una inminente expulsión del Congreso.
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Su dimisión se produjo apenas un día después de que la Corte Suprema de Justicia anulara el sobreseimiento que lo beneficiaba en la causa abierta por el presunto uso de un título universitario de contenido falso. Con esa resolución, el máximo tribunal ordenó que el proceso avance a juicio oral y público, reactivando uno de los expedientes más sensibles vinculados a presuntas irregularidades académicas dentro de la función pública.
La jugada de Bachi Núñez
La resolución N° 2170 del 18 de mayo firmada por Basilio Núñez, designa a once senadores para integrar la Comisión Especial de Investigación de carácter transitorio encargada de indagar hechos relacionados con la emisión, comercialización y utilización de títulos, diplomas y certificaciones presuntamente falsos o irregulares.
Sin embargo, el orden de integración llamó la atención que en vez de colocar en primer lugar a la senadora Esperanza Martínez, principal impulsora del proyecto, la resolución ubica inicialmente al cartista Patrick Kemper.
Martínez aparece recién en el octavo lugar, incluso detrás del liberal aliado del oficialismo Dionisio Amarilla.
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La práctica parlamentaria establece que quien figura primero en la nómina es el encargado de convocar e instalar la comisión. Con ello, Kemper tendría el control inicial del proceso de organización interna y podría encaminar la elección de una presidencia afín al cartismo.
Como antecedente legislativo, en el Senado se recuerda que la comisión especial que investigó la llamada “mafia de los pagarés” fue impulsada y posteriormente presidida por el senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP).
Oficialismo tendría mayoría para imponer presidencia
La integración definida por la presidencia del Senado deja al cartismo y sus aliados con mayoría dentro de la comisión.
El bloque oficialista quedó conformado por:
- Patrick Kemper
- Derlis Maidana
- Lizarella Valiente
- Juan Carlos Galaverna
- Zenaida Delgado
- Dionisio Amarilla (liberocartista)
Mientras tanto, la oposición y la disidencia quedaron representadas por:
- Blanca Ovelar (ANR, Añetete)
- Esperanza Martínez (PPC)
- Rafael Filizzola (PDP)
- Celeste Amarilla (PLRA)
- Yolanda Paredes (CN)
Con esa correlación de fuerzas, el oficialismo tendría los votos suficientes para imponer a un senador cartista al frente de la comisión que investigará justamente los esquemas de títulos presuntamente falsos que sacudieron al Congreso y a otras instituciones públicas.
Una comisión creada sin apoyo cartista
El proyecto de resolución que creó la comisión fue promovido por Esperanza Martínez junto con otros 13 legisladores opositores y colorados disidentes. Ningún senador cartista acompañó la creación de la comisión durante la votación en el pleno.
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La resolución establece que el órgano tendrá amplias facultades para:
- Recolectar denuncias e informaciones;
- Identificar mecanismos de falsificación y comercialización de títulos;
- Determinar eventuales responsabilidades de funcionarios e instituciones educativas;
- Requerir informes a universidades y organismos públicos;
- Convocar a autoridades y expertos;
- y elaborar un informe final que podrá ser remitido a la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Contraloría y otras instituciones.
La exposición de motivos del proyecto sostiene que existen indicios de “estructuras organizadas” vinculadas a la emisión y utilización irregular de títulos académicos, fenómeno que incluso fue denominado públicamente como una posible “mafia de títulos” que involucra a autoridades.
Además, advierte sobre el impacto institucional de estas prácticas en el sistema educativo, la administración pública, el mercado laboral y la confianza ciudadana.