El senador Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) insistió en remarcar la gravedad del hecho de que el Instituto de Previsión Social (IPS) haya admitido haber superado los topes legales para los depósitos en Ueno Bank, que para colmo estuvo ligado al presidente Santiago Peña (eran socios comerciales) y que ahora pretenda quedar como si nada pasó, en un gobierno que por el contrario demuestra intenciones de “robar a manos llenas” y hacer impunemente todos los negociados que pueda antes de irse en 2028.
El mismo mencionó que la sensación de impunidad, pese al escándalo, no pasa solo con el caso de los fondos de IPS, sino también con tres grandes causas, como el del extitular en el gobierno de Horacio Cartes de la Secretaría de prevención de lavado de dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, en el “blanqueo” al caso Metrobús y el inminente archivamiento del presunto negociado con los “pupitres chinos de oro” y de las sospechas sobre la fortuna de Peña.
“Es toda una situación de descontrol absoluto donde pareciera ser que el mundo se va a acabar en dos o tres días y hay que robar a manos llenas y hay que hacer todo lo que se pueda hacer", señaló Filizzola.
También acotó que, dicho en otras palabras, pareciera que “el gobierno se acaba en el 2028 y hay que hacer la mayor cantidad de negocios posibles, y no importa si se le deja al país sin energía", haciendo referencia a que otra área clave donde saltaron denuncias de negociados es con la energía de nuestro país y afectaría a nuestras binacionales (Itaipú y Yacyretá) y a la Administración Nacional de Electricidad (Ande).
Pero sobre todo, dice estar extremadamente preocupado por el hecho de que salvo algunos actores políticos y medios de prensa, nadie está dimensionando la gravedad del caso de los fondos de IPS y Ueno Bank.
“Resulta que el propio IPS reconoce que violaron la ley, más allá de que ajustaron sus reglamentos para que calce el tema de Ueno”, sumado a que “este grupo empresarial está haciendo negocios de una manera alevosa”, entre ellos vinculados a la licitación de la red de 5G.
Filizzola acotó que lo que le “sorprende es el silencio que hay en torno a esto. Realmente. es sumamente grave. (...) Hay quienes están señalando esta preocupación, pero el parlamento no hace nada, otras instituciones tampoco, como la Contraloría”.
Hace unos días el IPS se vio forzado a admitir que superó los límites de depósito en una misma entidad financiera (10%) con Ueno y viéndose forzados al retiro del millonario monto excedido.
Ante esto, el senador opositor sostuvo que lo grave, además del riesgo de acumular fondos principalmente en un banco, es que ese banco estuvo ligado a Peña y empezó a crecer con este gobierno y principalmente gracias a los fondos del Estado, acumulando actualmente unos US$ 800 millones.
“En dólares serían US$ 300 millones, pero solamente IPS, a lo que hay que sumar otros US$ 500 o más millones de dólares ya a esta altura de otras entidades del Estado. En este momento ya tienen concentrados más de US$ 800 millones de dólares del Estado. Es decir, un banco nuevo que tiene una inyección de 800 millones de dólares, solamente del Estado. Básicamente está trabajando con dinero del Estado”, apuntó Filizzola.
Mas casos de impunidad
Entre los casos de impunidad citados por Filizzola, hizo referencia al caso Boidanich, donde el Ministerio Público pide una condena de apenas dos años y medio de cárcel, con lo que no pisaría una prisión por ocultar informes sobre presunto lavado de dinero vinculado al “hermano del alma” de Cartes, Darío Messer.
Messer fue condenado en Brasil por vínculos con el mega esquema de lavado de dinero denominado “Lava Jato” y estuvo guarecido y operando en nuestro país durante el gobierno de Cartes.
En lo que refiere a la denuncia sobre la inexplicable fortuna del presidente de la República, Santiago Peña, Filizzola y otros legisladores presentaron una denuncia penal que está en camino a ser desestimada gracias a una “ayuda previa” de la Contraloría de Camilo Benítez, que supuestamente no halló inconsistencias en el patrimonio del mandatario, pese a que no analizó su periodo fuera de la función pública (2017-2023).
De manera inexplicable, para la Contraloría no hay irregularidad en el hecho de que Peña se construyó una mansión en San Bernardino declarada en US$ 900.000, sin tener título de propiedad del terreno, a través de un supuesto préstamo de Ueno, entre otros hechos llamativos.
También esta semana, la Fiscalía desestimó otra denuncia de legisladores por la presunta compra sobrefacturada de “pupitres chinos” para las escuelas a través de Itaipú, en la administración de Justo Zacarías Irún.
La empresa -proveedora de sábanas- Kamamya S.A., que fue adjudicada con la licitación de US$ 32 millones, pertenece al empresario chino radicado en el país, Long Jiang, que tiene vínculos directos con el presidente de la República, Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
A ambos, el empresario les prestó su avión privado, en el caso de Peña, para ir a vacacionar al exterior con su familia antes de ser electo presidente.
Además, una camioneta Toyota Land Cruiser de una de las empresas de Long Jiang terminó en poder de la firma Real Viviendas EAS, de la cual Peña es accionista.