La última audiencia pública de los candidatos a contralor y subcontralor de la República dejó como uno de los principales focos de atención a Armindo Torres Torres, actual director general de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República (CGR).
Torres, abogado con formación en Derecho Penal y Procesal Penal y funcionario de la Contraloría desde 2016, presentó una propuesta basada en la modernización del sistema de control mediante tecnología, inteligencia artificial, interoperabilidad de datos y controles concurrentes.
Su exposición estuvo marcada por una crítica al modelo tradicional de control posterior. Planteó que la Contraloría debe dejar de actuar únicamente cuando los hechos ya están consumados y avanzar hacia un sistema capaz de detectar riesgos y alertas antes de que se produzcan perjuicios al patrimonio público.
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“¿Puede una Contraloría del siglo XXI seguir dependiendo exclusivamente de auditorías posteriores?”, fue la pregunta que formuló durante su presentación, para responder que no.
Torres propuso monitorear en tiempo real programas, contratos y licitaciones de alto impacto, incluyendo el programa Hambre Cero, mediante plataformas tecnológicas, análisis de datos e inteligencia artificial.
También planteó un sistema automatizado de control patrimonial y conflictos de intereses que permita cruzar las declaraciones juradas con información de registros públicos y detectar inconsistencias, variaciones patrimoniales y posibles conflictos de intereses.
Torres habló de las limitaciones para controlar las DD.JJ.
Uno de los puntos centrales de su exposición fue la dificultad que actualmente enfrenta la Contraloría para acceder directamente a información de otras instituciones.
Torres explicó que los exámenes de correspondencia pueden demorar entre cuatro y seis meses, e incluso más, debido a las dificultades para obtener documentación de organismos públicos. Sostuvo que el acceso directo a registros oficiales permitiría reducir los plazos y contar con evidencias suficientes para remitir los casos a las instancias jurisdiccionales.
El candidato propuso modificar la legislación para garantizar la interoperabilidad de datos y permitir a la Contraloría acceder a registros públicos y a documentación necesaria para realizar controles patrimoniales y auditorías en tiempo real.
Dionisio Amarilla pidió pruebas de la gestión de los candidatos
El senador Dionisio Amarilla (PLRA, aliado cartista) planteó una exigencia particularmente dirigida a los funcionarios de la Contraloría que aspiran a ocupar los cargos vacantes.
Pidió que presenten documentación que demuestre cuáles fueron sus aportes concretos a la institución y cuestionó que algunos postulantes se hayan limitado a realizar exposiciones sin acompañar evidencias de las mejoras que aseguran haber impulsado.
En el caso de Armindo Torres, Amarilla señaló que, debido a su posición al frente de Declaraciones Juradas y a la atención mediática que ha generado su nombre, consideraba necesario que explicara qué propuestas había realizado anteriormente dentro de la institución y si podía demostrarlo documentalmente.
Las preguntas de Zacarías Irún y Pipo Díaz Verón a Torres
El senador Javier Zacarías Irún, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, preguntó a Torres cómo encontró la Dirección General de Declaraciones Juradas cuando asumió y qué cambios implementó para mejorar la transparencia respecto de los bienes de los funcionarios públicos.
Torres respondió que desde 2020 impulsó la modificación y actualización del reglamento utilizado para los exámenes de correspondencia, además de otros proyectos vinculados a declaraciones juradas, sumarios administrativos y publicidad de las declaraciones.
También aseguró que durante su gestión aumentaron los exámenes de correspondencia, los sumarios y las remisiones al Ministerio Público por controles patrimoniales. Asimismo, destacó mejoras en infraestructura y recursos humanos: según relató, al asumir, apenas entre el 25 % y 30 % de los funcionarios de la dirección contaban con una computadora institucional, mientras que actualmente el 100 % dispone de equipos.
Posteriormente, el senador Pipo Díaz Verón (ANR, HC) le pidió que señalara cuál sería la principal medida para hacer más eficiente y transparente el trabajo de la Contraloría.
Torres volvió a insistir en la interoperabilidad y digitalización total de los organismos del Estado, además del control concurrente. Según sostuvo, la Contraloría actualmente llega tarde porque muchas veces, interviene después de que una irregularidad ya fue denunciada públicamente.
¿Un guiño de los cartistas y aliados a Torres?
El tono y el contenido de las preguntas realizadas durante la audiencia generaron una particularidad: Armindo Torres recibió varias consultas específicas de senadores, mientras que otros candidatos prácticamente no fueron interrogados.
El contraste fue evidente con algunos de los postulantes que también expusieron sus propuestas. Además, las intervenciones de Zacarías Irún, Pipo Díaz Verón y Retamozo se concentraron en conocer y valorar las propuestas de Torres, mientras que incluso se destacó públicamente su experiencia dentro de la institución.
Esto adquiere mayor relevancia ante las versiones que circulan sobre la eventual conformación de la terna para contralor y subcontralor, que ubicarían a Torres entre los nombres con posibilidades de avanzar.
Torres, además, ocupa actualmente un cargo particularmente sensible dentro de la CGR: la Dirección General de Declaraciones Juradas, área vinculada a los exámenes de correspondencia y al control patrimonial de funcionarios públicos.
Los demás candidatos y sus propuestas
José Antonio Delvalle Correa, de 32 años, se presentó como postulante a subcontralor. Cuenta con experiencia en el Ministerio de Desarrollo Social y como asesor jurídico del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP).
Su propuesta apunta a modernizar el control preventivo mediante nuevas tecnologías, incluyendo herramientas de inteligencia artificial. Durante la audiencia no recibió consultas de los senadores.
Christian Daniel Barba Mazó es funcionario de la Contraloría y actualmente está comisionado al Ministerio de Obras Públicas, donde se desempeña como asesor jurídico del Viceministerio de Transporte. Planteó la necesidad de revisar el convenio entre la Contraloría y el Ministerio Público para evitar que los resultados de las auditorías queden únicamente como números dentro de informes y dictámenes.
Su propuesta busca que los resultados sean medibles, que los responsables de irregularidades sean sancionados y que los bienes puedan ser recuperados.
Saúl González Ayala, notario y escribano público, propuso fortalecer los mecanismos de control sobre el uso de los recursos públicos y mejorar la eficiencia de las auditorías.
También planteó fortalecer la transparencia mediante el acceso a la información pública, impulsar la formación tecnológica de los funcionarios y desarrollar mecanismos de prevención de la corrupción. Tampoco recibió consultas de los senadores.
Ruth Carolina Duarte, contadora pública y abogada, se postuló al cargo de subcontralora. Es funcionaria de la Contraloría.
Propuso fortalecer el control preventivo y modernizar los procesos de auditoría. Entre sus iniciativas, mencionó una aplicación más amigable para que la ciudadanía pueda acceder a datos abiertos y planteó crear un instituto de formación y un sistema de certificación para auditores gubernamentales. Tampoco recibió preguntas de los senadores.
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Cosme Alfredo Torres, funcionario especializado en asuntos políticos de la Embajada de Estados Unidos, planteó fortalecer el control por etapas para intervenir con mayor oportunidad. Propuso ordenar el proceso en función de los riesgos, controles concomitantes, auditorías de resultados y seguimiento de recomendaciones.
También planteó una matriz de seguimiento que permita conocer qué daño se evitó, qué procedimiento fue corregido, qué recomendación fue cumplida y qué seguimiento tuvo cada caso.
Durante la audiencia, Javier Zacarías Irún le consultó qué hacer con las denuncias que llegan a la Fiscalía y terminan sin resultados. Torres respondió que debería analizarse una reforma legislativa para dotar a la Contraloría de legitimación activa y permitirle impulsar procesalmente los casos de corrupción ante el Ministerio Público.