El 13 de marzo de este año, la Contraloría General de la República remitió a la Fiscalía su denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar) Eddie Jara, tras detectar presuntas inconsistencias que “revelan una estructura patrimonial insostenible” y ante los “indicios suficientes de irregularidad patrimonial”.
El 27 de marzo ingresó oficialmente la carpeta al despacho de la agente Yeimy Adle. Fuentes del Ministerio Público confirmaron ayer a ABC Color que la investigación continúa con la realización de pericias y solicitudes de informes a distintas instituciones.
Entre las diligencias pendientes figura un informe requerido a la Auditoría General del Poder Ejecutivo, que aún no fue remitido a la Fiscalía por el ministro Alberto Cabrera.
A diferencia de la Contraloría, el Ministerio Público cuenta con facultades para requerir información a entidades privadas, además de ordenar otras diligencias que permitan ampliar la investigación.
Hasta la fecha, el extitular de Petropar no fue imputado en el marco de esta causa.
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Un millonario desfasaje financiero
El informe de 170 páginas remitido al Ministerio Público detalla un desfasaje financiero en su patrimonio que supera los G. 1.000 millones, detectado entre septiembre de 2023 y noviembre de 2025.
La Contraloría detalló dos posibles escenarios sobre sus finanzas. En el escenario uno existía un descalce de G. 1.549 millones, donde se incluyeron supuestos cobros en efectivo por préstamos otorgados a terceros. En el segundo escenario se encuentra un desfasaje de G. 1.135 millones, en el cual se consideraron G. 413 millones adicionales que Jara intentó justificar con recibos comunes, sin certificación legal ni respaldo bancario.
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En ambos casos, la auditoría confirmó que los cobros nunca pasaron por el sistema financiero, lo que imposibilita la trazabilidad del dinero y refuerza la sospecha de irregularidades en su crecimiento patrimonial. Jara renunció a Petropar en medio de fuertes cuestionamientos por sus ostentaciones públicas junto a su novia, la diputada Johana Vega (ANR-HC), cuyas declaraciones juradas también están siendo analizadas actualmente por la Contraloría General de la República.
Saltaron ingresos y bajaron sus gastos
Eddie Jara, luego de recibir las primeras observaciones de la CGR “corrió” hasta la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios para rectificar sus declaraciones de IRP entre 2020 y 2023.
En esas presentaciones, sus ingresos saltaron un 482% en 2023, mientras que sus egresos de 2020 cayeron un 99%. En la primera declaración de ese año, Jara señaló egresos por G. 515.500.000, mientras que en la rectificada dijo que en un año solamente gastó G. 3.450.000.
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Ministra de la Juventud figura en operaciones
En el análisis enviado por la Contraloría a la Fiscalía aparece la ministra de la Juventud Salma Agüero como parte de una transacción. La joven compró una propiedad que pertenecía a Eddie Jara en la ciudad de San Bernardino, en el año 2021.
En ese entonces, la joven era directora de Juventud y Deportes de la Municipalidad de Asunción, cargo con el que fue premiada luego de desempeñarse como jefa de campaña de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en la capital.
Según el informe, el inmueble fue posteriormente transferido a Domingo Germán Quiñónez Astigarraga, hermano de la ahora exfiscala general del Estado Sandra Quiñónez, en agosto de 2023.