Como punto 13 “C” de la sesión de la Cámara de Diputados de la fecha figura para su tratamiento el proyecto de ley del diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté) que plantea aumentar hasta 10 a 15 años de prisión por hecho de corrupción pública, mientras que un punto antes (13 “B”), podrían fijar esa misma pena máxima (15 años) para hechos de abigeato.
Actualmente, los hechos punibles de corrupción establecidos tanto en el Código Penal como en la Ley especial N° 2523/04, “que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias” tienen penas mínimas de un año, y varias con la posibilidad de zafar mediante el pago de multa y los topes máximos son de hasta 10 años de prisión.
La reforma plantea en la mayoría de los casos eliminar la posibilidad de compurgar la pena en casos de corrupción simplemente pagando una multa y también elevar los topes máximos de pena hasta los 15 años de prisión.
El proyecto de ley tiene pocas chances de prosperar en una Cámara Baja, ya que tiene congelados pedidos de desafueros contra cinco colegas, ya rechazó en 2024 establecer como imprescriptibles los hechos de corrupción y ha salvado, en innumerables ocasiones de la intervención a intendentes sospechados de robo.
Ayer, por ejemplo, el diputado cartista Rodrigo Gamarra, sin siquiera animarse a decir a quién se refería, pese a tener fueros que lo protegen, pretendió cuestionar a opositores con procesos pendientes ante la justicia.
“Imaginate que “EL MEJOR” candidato a Pte colorado cuente con 53 denuncias penales, tres imputaciones, medidas alternativas a la prisión gracias a sus aliados judiciales, y eternas chicanas para evitar llegar a otro juicio oral (...). Si fuera así para ciertos medios y políticos de la oposición sería un escándalo nacional, una vergüenza para la democracia y la peor aberración política de nuestra historia. Ahora deja de imaginar, y mira la realidad. No es colorado…“, escribió.
Hoy habrá que ver si el legislador -que por ejemplo defendió durante su gestión a capa y espada al ahora imputado expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS) de este gobierno, Jorge Brítez, demuestra coherencia y vota a favor del aumento de penas para estos casos de corrupción.