El Instituto de Previsión Social (IPS) administra un patrimonio inmobiliario que al cierre del ejercicio fiscal 2025 estaba compuesto por 929 unidades, con un valor contable de G. 1,97 billones (casi US$ 304 millones). De acuerdo con el informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), estos activos representan el 9,90% del portafolio global de inversiones de la institución.
El informe de la Contraloría señala que los inmuebles destinados al arrendamiento, que forman parte de las reservas del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, no alcanzaron durante los últimos tres ejercicios la tasa de interés actuarial del 2% establecida como referencia para criterios de elegibilidad en estas inversione. Los rendimientos promedio fueron de 0,46% en 2023, 1,09% en 2024 y 0,92% en 2025.
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La diferencia frente al parámetro establecido fue de 1,54 puntos porcentuales en 2023, 0,91 puntos en 2024 y 1,08 puntos en 2025. La CGR señala que la persistencia de rendimientos inferiores a la tasa actuarial limitó la capacidad de las inversiones inmobiliarias para contribuir al fortalecimiento de los recursos destinados al financiamiento de las obligaciones previsionales.
Según el análisis, esta situación se tradujo en una brecha financiera negativa acumulada de G. 65.517.978.318 (US$ 10 millones). “Esta brecha financiera representa un impacto negativo para la solvencia y sostenibilidad actuarial del sistema previsional”, concluyó la Contraloría.
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Más ocupaciones precarias que alquileres
El capítulo dedicado a los activos inmobiliarios del IPS muestra además la mala administración de las propiedades. De las 929 unidades que posee, apenas 169 están arrendadas, mientras que 172 tienen ocupaciones precarias. Además, 14 figuran en usufructo institucional, una bajo convenio, 90 siguen judicializadas y 482 se encuentran “disponibles”.
La Contraloría señaló que encontraron ocupaciones precarias, por ejemplo, en el Condominio Paraná Country Club, en el Edificio Urundey, en Ytakyry, en el Edificio Jazmín y en el Edificio Yuquyry, ubicados en pleno centro de Ciudad del Este.
En el Country Club, el IPS reportó que estaba “disponible“, pero en la verificación in situ efectuada por el equipo auditor reveló una ocupación precaria en un dúplex, que no registraba pago alguno desde la toma de posesión. También se constató un alto nivel de abandono en otras propiedades de la previsional en el complejo.
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En el edificio Yuquyry, se constató la mayor concentración de ocupaciones irregulares. De un total de 110 ocupaciones registradas, 108 corresponden a ocupantes precarios y los otros dos se encuentran disponibles.
Funcionarios de la previsional manifestaron a la Contraloría que se promovieron acciones judiciales contra los ocupantes, pero hasta el cierre del informe el IPS no proporcionó datos de los expedientes, pese a una solicitud enviada.
Investigación y sanciones
En su dictamen, la Contraloría recomendó al IPS disponer que la Dirección Jurídica impulse efectivamente las acciones judiciales para la recuperación de los créditos derivados de las ocupaciones precarias y efectúe el seguimiento de dichos procesos.
También recomendó dar inicio a una investigación interna por los hechos observados, “a efectos de deslindar responsabilidades, y en su caso, aplicar las sanciones correspondientes”.
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Estado moroso
La evaluación de la Contraloría sobre los ingresos también alcanza a inmuebles ocupados por instituciones públicas. Al cierre del ejercicio fiscal 2025, la CGR registró una morosidad acumulada de G. 28.489 millones, en concepto de cánones de arrendamiento de inmuebles ocupados por instituciones públicas.
Entre los casos –señalados en el informe– figura el Ministerio Público, respecto del cual se identificó una deuda y un impacto financiero derivado de la demora en la recuperación de los cánones. La CGR estimó un impacto económico de G. 12.004.912.966, considerando la deuda acumulada y el rendimiento financiero dejado de obtener durante un año.
El informe también contempla otros inmuebles ocupados por entidades públicas dentro del monto global de morosidad, como la Secretaría de Emergencia Nacional, la Municipalidad de Villa Elisa, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Ministerio de la Mujer y la Municipalidad de Encarnación.
“Esta situación evidenció una demora en la recuperación de los recursos derivados de la explotación de los activos inmobiliarios, afectando la liquidez institucional y reduciendo la rentabilidad esperada de dichos activos”, dice la Contraloría en su reporte.