La jueza electoral de Capital, Fabiana Marín, remarcó el trabajo interinstitucional y la capacitación de las fuerzas de seguridad para intervenir antes, durante y después de las elecciones municipales que se desarrollarán este domingo en todo el país.
El operativo de seguridad e integridad del proceso cuenta con una labor conjunta entre la Justicia Electoral, el Ministerio Público y la Policía Nacional para garantizar el normal desarrollo de las votaciones y el posterior resguardo de las actas de escrutinio.
Marín subrayó la presencia de observadores internacionales, veedores y apoderados para asegurar el control mutuo en cada mesa receptora de votos. Instó a la ciudadanía a acudir a las mesas de recepción de denuncias del Ministerio Público y a las comisarías habilitadas.
En ese sentido, recordó que la fiscala Sandra Ledesma encabeza el equipo de agentes fiscales con capacidad de intervención rápida ante cualquier irregularidad reportada.
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Sanciones, controles y vías de denuncia
Con respecto a los ilícitos electorales, la magistrada enfatizó que la responsabilidad penal alcanza a distintas acciones orientadas a alterar o viciar la voluntad del electorado. “No solamente la venta de votos; o sea, tanto ofrecer el voto como la coerción al elector, el engaño al elector, la inducción al voto también son delitos electorales, son hechos punibles tipificados tanto en la ley electoral como también en el código penal”, sostuvo Marín.
Al ser consultada sobre las consecuencias legales para quienes compren o vendan votos, la jueza precisó que ambas conductas reciben sanción penal. “Ambas conductas son punibles, son tipificadas. Tenemos casos de pena privativa de libertad, muchos casos también de inhabilitación”, advirtió, aclarando que la pena “va variando de acuerdo a la investigación y a la calificación puntual del hecho punible”.
Asimismo, destacó el papel de la Policía Nacional no solo en la prevención de faltas y delitos, sino también en el acompañamiento y protección de la infraestructura comicial.
“De todo eso también se encarga la Policía Nacional en coordinación con todos los jueces electorales de la capital y de la república”, dijo Marín en referencia al despliegue y posterior repliegue de los documentos y herramientas de votación.
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