Mañana a las 9:00 están convocados ante la Cámara de Diputados para el acto de juramento el actual contralor (reelecto) Camilo Benítez Aldana (ANR) y el hasta ahora director de Declaraciones Juradas de la Contraloría y electo subcontralor, Armindo Torres (ANR), para jurar por el periodo que va hasta el 1 de noviembre de 2031. Por primera vez la Contraloría tendrá dos autoridades del mismo partido (colorados).
En el caso de Benítez Aldana, asume su segundo periodo oficial (2021-2026 y ahora 2026-2031), aunque entre 2019 y 2021 completó desde la subcontraloría, el mandato que correspondía al entonces contralor Enrique García (+), quien se vio forzado a renunciar antes de ser echado.
Por su parte, de manera inédita desde la creación de la Contraloría General de la República (CGR) tras la caída de la dictadura, se consumó el copamiento por parte del Partido Colorado, ya que el actual subcontralor liberal Augusto Paiva será reemplazado desde mañana por el colorado Armindo Torres.
Objeciones de la oposición tanto contra el contralor Camilo Benítez como contra Armindo Torres en su rol de director de DD.JJ. tienen como punto en común el examen de correspondencia con el presidente de la República, Santiago Peña, ya sea mediante el “trabajo” de ambos, pero la Contraloría determinó que supuestamente no existían inconsistencias sobre la sospechosa fortuna repentina del mandatario.
Esto luego de que supuestamente hicieran una verificación de la fortuna del mandatario, para lo cual dejaron fuera el periodo en el que no estuvo en la función pública (2017-2023).
Supuestamente ese periodo no analizado le permitió “justificar”, por ejemplo, su mansión en San Bernardino, declarada por el propio Peña en US$ 900.000, pese a que alegó que la pagó en parte con un préstamo de Ueno Bank (banco de sus exsocios comerciales, el Grupo Vázquez), que supuestamente le otorgó un crédito para la construcción, pese a que ni siquiera tenía el título de propiedad del terreno.
Otra objeción contra Camilo Benítez que le achacan sus detractores es haber sido “funcional” para la pérdida de investidura de la exsenadora Kattya González y para la destitución del exintendente de Ciudad del Este y precandidato presidencial por Yo Creo, Miguel Prieto.
Por otra parte, el trabajo de Contraloría tomó relevancia con la imputación del extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, ya que la causa penal por presunto enriquecimiento ilícito tuvo como origen un examen de correspondencia del ente contralor.
Sin embargo, la prueba de fuego está, porque incluyen en sus denuncias a la diputada oficialista y pareja actual de Eddie Jara, Johana Vega.