Pese a la postura inicial de dar una rápida definición al escándalo, los senadores “neopeñistas” vuelven aparentemente a mostrar sus prácticas de protección y “blindaje” a personas denunciadas y procesadas, profundizando el desgaste político que arrastra al Congreso.
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En el transcurso del día, el líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase (ANR), había anunciado una reunión con las tres funcionarias afectadas que denunciaron a la senadora Zenaida Delgado. La parlamentaria fue acusada de ofrecerles cargos a cambio de pagarle un “peaje”, además de exigirles pagos millonarios por resoluciones de nombramiento. La legisladora incluso obligaba a las afectadas a tramitar préstamos millonarios ante la Caja Parlamentaria para recibir estas transferencias.
¿Por qué la bancada oficialista canceló la reunión con las funcionarias denunciantes?
Pese a la expectativa, finalmente la bancada oficialista no recibió a las afectadas por falta de quórum, es decir, por la ausencia masiva de los excartistas y actuales “peñistas”.
No se descarta que el encuentro finalmente se lleve a cabo este miércoles, previo a la sesión ordinaria en la que se podría analizar el pedido de pérdida de investidura contra Delgado, quien ingresó al Congreso como senadora de Cruzada Nacional y rápidamente se sumó al cartismo.
¿Cuál es la postura del cartismo ante el pedido de pérdida de investidura de Zenaida Delgado?
No es la primera vez que los oficialistas protegen a Delgado. Meses atrás, senadoras opositoras ya habían denunciado que la acusada realizaba la práctica de peaje salarial. El titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, prometió una investigación que nunca se materializó.
¿Qué otros antecedentes de protección legislativa rodean a la senadora cuestionada?
El Congreso también blanqueó a Delgado después de que se descubriera que utilizaba para viajes particulares un minibús propiedad de la institución, el cual se incendió el 20 de septiembre de 2024 a causa de un desperfecto eléctrico en la zona de Tacuatí, departamento de San Pedro.
Asimismo, se descubrió que el hermano de la legisladora fue beneficiado con un departamento de un programa del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), pese a que no residía en el sitio, incumpliendo los requisitos establecidos.