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Municipalidad de San Pedro, prácticamente paralizada: funcionarios reclaman salarios atrasados y denuncian abandono

A las denuncias por salarios impagos se suman reportes acompañados de fotografías que muestran documentos, carpetas y archivos desparramados en depósitos municipales
A las denuncias por salarios impagos se suman reportes acompañados de fotografías que muestran documentos, carpetas y archivos desparramados en depósitos municipalesOmar Acosta

SAN PEDRO DE YCUAMANDYYÚ. La Municipalidad de la capital del segundo departamento atraviesa un cierre de administración marcado por funcionarios que se manifiestan para exigir el pago de salarios atrasados de hasta ocho meses.

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Servicios urbanos deficientes y denuncias sobre el estado de abandono de la institución municipal, en San Pedro de Ycuamandyyú. Mientras los trabajadores esperan respuestas, la ciudadanía se organiza para limpiar espacios públicos ante la falta de acciones municipales.

La situación evidencia una administración que, según los reclamos, prácticamente dejó de operar con normalidad, en medio de deudas con los trabajadores y una ciudad que muestra signos de deterioro.

Calles destrozadas, plazas descuidadas, maquinaria obsoleta y obras inconclusas forman parte del panorama que recibirá el intendente electo, Blas “Tito” Panza, de la Alianza.

Trabajadores municipales se manifiestan y recurren a los medios de comunicación para visibilizar la falta de pago de sus haberes, con atrasos que en algunos casos llegarían a ocho meses.

Funcionarios salen a reclamar sus salarios

Ante la situación, los funcionarios se declararon en brazos caídos, mientras crece la incertidumbre sobre el cobro de las deudas acumuladas.

El intendente saliente, Carlos Quiñónez (ANR-HC), había prometido ponerse al día con los pagos, pero, según los reclamos de los trabajadores, las obligaciones siguen pendientes.

Su ausencia de la escena pública local y la falta de respuestas concretas alimentan el malestar de los funcionarios, que exigen el cumplimiento de los compromisos salariales antes del cambio de administración.

La protesta refleja una crisis que ya no se limita a las deficiencias de los servicios urbanos: también afecta directamente a los trabajadores municipales, quienes llevan meses esperando cobrar por sus labores.

Documentos y archivos desparramados en depósitos

A las denuncias por salarios impagos se suman reportes acompañados de fotografías que muestran documentos, carpetas y archivos desparramados en depósitos municipales, una situación que genera cuestionamientos sobre el orden, la conservación y la organización de los registros institucionales.

Las imágenes divulgadas exponen un escenario alejado de la prolijidad administrativa esperada en una institución pública. El estado de los documentos plantea interrogantes sobre las condiciones en que se encuentran los archivos y la necesidad de verificar su resguardo durante el proceso de transición hacia las nuevas autoridades.

Vecinos limpian ante la falta de respuestas municipales

Mientras los trabajadores reclaman sus salarios, ciudadanos vuelven a autoconvocarse para limpiar plazas y recuperar espacios públicos por iniciativa propia. Las jornadas comunitarias también se han desarrollado en el Paseo de los Artistas y mediante mingas ambientales, como respuesta al deterioro de los lugares de uso común.

La participación de los vecinos contrasta con las falencias denunciadas en el mantenimiento urbano. La comunidad reclama una mayor presencia municipal, teniendo en cuenta que la limpieza y conservación de los espacios públicos forman parte de las responsabilidades habituales de la administración local.

Las quejas incluyen además deficiencias en la recolección de residuos, veredas ocupadas por vendedores ambulantes y el estado de abandono de la terminal de ómnibus. Las lluvias recientes agravaron las condiciones de las calles y caminos de tierra, dificultando el desplazamiento de los pobladores.

Una crisis que se arrastra desde administraciones anteriores

El deterioro de la gestión municipal se suma a una prolongada historia de cuestionamientos a distintas administraciones. Durante el segundo periodo del exintendente Gustavo Rodríguez, las denuncias ciudadanas y las movilizaciones derivaron en una intervención municipal, en cuyo marco se señaló un presunto daño patrimonial superior a G. 18.000 millones.

Rodríguez, quien afronta un proceso judicial, renunció antes de que la Cámara de Diputados resolviera sobre su eventual destitución. Posteriormente, tras etapas de interinatos y nuevas elecciones, asumió Carlos Quiñónez (ANR-HC), quien había prometido encaminar la gestión y mejorar el funcionamiento de la institución.

Sin embargo, el cierre de su administración vuelve a estar marcado por deudas salariales, servicios deficientes y cuestionamientos sobre el estado general de la Municipalidad.

La nueva administración deberá enfrentar las deudas y recuperar la ciudad

Después de tres periodos de predominio colorado, la ANR perdió la Municipalidad en las últimas elecciones. El intendente electo, Blas “Tito” Panza, candidato de una alianza opositora, asumirá una institución golpeada por los reclamos y el deterioro urbano.

Entre los principales desafíos estarán conocer con precisión la situación financiera, determinar las obligaciones pendientes, atender las deudas con los trabajadores y recuperar la capacidad operativa de las distintas dependencias municipales. También será necesario evaluar el estado de los documentos y archivos institucionales para garantizar una transición ordenada y transparente.

La ciudadanía espera que el cambio de administración se traduzca en soluciones concretas: el pago de los salarios atrasados, la normalización de los servicios, la recuperación de los espacios públicos y una gestión responsable de los recursos. Por ahora, los reclamos de los funcionarios y las acciones comunitarias dejan al descubierto la dimensión de los problemas que deberá afrontar el próximo gobierno municipal.

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