Durante la sesión, el senador Lider Amarilla (PLRA) presentó datos sobre fincas y padrones ubicados en el departamento de Boquerón, algunos próximos al Parque Nacional Médanos del Chaco. Según su denuncia, unas 64.000 hectáreas habrían sido tituladas en dos meses y ocho días, a favor de terceros mediante presuntas irregularidades en los documentos y en la georreferenciación de las propiedades.
El senador sostuvo que el esquema consistiría en utilizar títulos antiguos, modificar sus coordenadas y hacerlos figurar como documentos válidos sobre terrenos que pertenecerían al Estado. También cuestionó la actuación del Indert y del Registro Unificado Nacional (RUN) en la tramitación y aceptación de esos títulos.
Amarilla mencionó además a personas que, según expuso ante el pleno, estarían vinculadas a solicitudes de varias propiedades y tendrían antecedentes judiciales. Las acusaciones deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
El senador calificó los hechos denunciados como una presunta “despatrimonialización fraudulenta” y pidió investigar una posible asociación criminal que, según su exposición, involucraría a personas y funcionarios vinculados con los trámites de titulación y registro.
Apuntan al Indert y al Registro Unificado Nacional
Amarilla cuestionó que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), como organismo responsable de las tierras públicas, no haya actuado ante las presuntas irregularidades que expuso. También puso en duda los controles del Registro Unificado Nacional (RUN) para verificar la correspondencia entre los títulos y las coordenadas de los inmuebles.
Durante la sesión, mencionó a personas que, según la información que presentó, habrían solicitado varias propiedades y tendrían antecedentes o procesos judiciales. Esos señalamientos forman parte de la denuncia del legislador y requieren verificación por las autoridades competentes.
El senador pidió la intervención del Ministerio Público y reclamó que se abra una investigación penal para determinar quiénes tramitaron los títulos, cómo fueron admitidos y si existieron responsabilidades dentro de las instituciones públicas.
Comisión investigará presunta corrupción en el Indert
La propuesta recibió el respaldo de los senadores Gustavo Leite (ANR, cartista) y Sergio Rojas (PLRA), quienes coincidieron en la gravedad de los hechos denunciados y en la necesidad de avanzar con la investigación.
Rojas advirtió sobre la posibilidad de que grandes extensiones de tierras públicas hayan sido tituladas en plazos breves mediante documentos presuntamente irregulares. También recordó los riesgos de la superposición de títulos y la manipulación de coordenadas geográficas.
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La resolución aprobada crea una comisión especial de carácter transitorio, integrada por seis miembros titulares, que serán designados por la Presidencia del Senado en acuerdo con las respectivas bancadas.
El documento establece un plazo de 180 días para la investigación, prorrogable por decisión del pleno, y faculta a la comisión a establecer acuerdos de cooperación con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.
Amarilla pidió que el Senado profundice las pesquisas y promueva las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público. La comisión deberá determinar el alcance de las presuntas irregularidades y las eventuales responsabilidades.