El legislador liberal Arnaldo Valdez explicó que la iniciativa apunta a lograr la descentralización total del programa Hambre Cero, optimizar el uso de los recursos destinados a la alimentación escolar, fortalecer la agricultura familiar campesina e implementar mecanismos de control ciudadano a través de consejos locales.
“La medida busca fortalecer la descentralización bajo la premisa de que los gobiernos municipales son los más conocedores de las necesidades reales de sus distritos, sus instituciones educativas, los escolares y los productores locales”, manifestó Valdez.
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Mayor transparencia y control local
Además, explicó que la administración de estos fondos también se encuentra bajo la lupa de la Contraloría General de la República (CGR), particularmente en lo relacionado con las declaraciones juradas de los administradores de dichos recursos (los gobernadores). “La iniciativa cuenta con el respaldo de diversos sectores políticos, incluidos referentes del oficialismo”.
Valdez mencionó que, para garantizar la transparencia, el proyecto contempla la creación del Consejo Local de Alimentación, un mecanismo de participación y control ciudadano en el que tendrán representación el intendente municipal (quien presidirá el consejo), miembros de las juntas municipales, representantes de instituciones educativas y supervisiones, padres de familia y fuerzas vivas de la comunidad.
“Asimismo, se estipula que la Contraloría General de la República deberá auditar anualmente la utilización de estos fondos y remitir un informe detallado al Congreso Nacional”, expresó.
Apoyo obligatorio a la agricultura familiar
Otro de los ejes de la propuesta es el fortalecimiento de la producción local. En ese sentido, el proyecto establece que cada municipio deberá destinar al menos el 40 % de las adquisiciones de productos alimenticios a la agricultura familiar campesina, con el propósito de dinamizar la economía de los pequeños productores de cada zona.
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Finalmente, Valdez explicó que el proyecto de ley será presentado próximamente a las comisiones correspondientes de ambas cámaras del Congreso Nacional para su estudio.
El proyectista reconoce que el debate deberá contemplar las modificaciones presupuestarias planteadas por el Poder Ejecutivo. No obstante, ratifica su postura de transferir la administración del programa social a los municipios y eliminar la intermediación de las gobernaciones.