Ante la debacle de Ueno Bank, el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Eduardo González Báez, anunció hoy que el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso Nacional un proyecto de ley que propone establecer un régimen especial de administración temporal para empresas vinculadas a entidades bancarias o financieras cuya resolución sea dispuesta por el Banco Central del Paraguay (BCP).
El proyecto de ley contempla la creación de un Consejo de Supervisión de Sociedades Vinculadas y un régimen de administración temporal de hasta ocho meses. La iniciativa tiene como objetivo proteger el valor económico de estas sociedades, preservar sus activos, mantener los puestos de trabajo y garantizar la continuidad de sus actividades y contratos mientras se desarrolla el procedimiento de resolución de la entidad financiera.
González Báez informó que el Consejo lo integrarán representantes de la Presidencia de la República, los ministerios de Industria y Comercio, Economía y Finanzas, y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con participación del Banco Central del Paraguay. Los integrantes del Consejo ejercerán sus funciones sin percibir remuneración, refirió.
De acuerdo al proyecto de ley, el régimen será excepcional y de alcance limitado. La propuesta parte de la necesidad de establecer mecanismos de protección para empresas vinculadas a entidades financieras en proceso de resolución. Actualmente, la Ley Nº 2334/03 permite asumir el control de la entidad bancaria, pero no contempla un régimen específico de administración para las sociedades vinculadas, que pueden quedar expuestas a la pérdida de valor de sus activos y de su capacidad operativa, indica el Ejecutivo, cargo del presidente Pedro Alliana.
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Complementa a la Senabico, indica el proyecto
El proyecto de ley establece un régimen temporal que complementa las atribuciones del BCP, de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y de los demás organismos competentes, sin sustituir sus facultades.
El mecanismo se aplicará exclusivamente cuando el Banco Central haya dispuesto la resolución de una entidad financiera regida por la Ley N.º 861/96. Además, utilizará los criterios de vinculación y control que ya aplica el supervisor bancario, excluyendo a las sociedades cuya única relación con la entidad financiera corresponda a operaciones realizadas en condiciones de mercado.
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Además establece la administración independiente y continuidad de las empresas. Indica que durante el periodo establecido, las sociedades alcanzadas quedarán bajo la administración de un profesional independiente, con el propósito de garantizar la continuidad de sus actividades económicas, los empleos y los contratos vigentes, y permitir que sus activos puedan conservar su valor durante el procedimiento de resolución.
Entre las principales medidas previstas se encuentran el cese de los directores, gerentes y apoderados generales de las sociedades alcanzadas, quienes deberán entregar al administrador los libros, documentos y bienes de la empresa.
Asimismo, desde el primer requerimiento de información se establecerán restricciones para disponer de bienes registrables, constituir gravámenes, distribuir dividendos, pagar créditos a accionistas o transferir fondos fuera del giro ordinario de las actividades.
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Continuidad de contratos
La iniciativa del Ejecutivo también contempla la continuidad de los contratos laborales, con atención preferente de salarios y aportes previsionales, así como la suspensión de la exigibilidad de créditos correspondientes a accionistas, directores cesantes y otras sociedades alcanzadas.
En cuanto a la transparencia, el control y la protección del patrimonio refiere que que como parte de las garantías previstas, las operaciones de venta de activos durante la administración temporal requerirán una tasación independiente y una convocatoria pública. Además, la gestión deberá ser informada mensualmente.
La propuesta también habilita la posibilidad de solicitar judicialmente la declaración de inoponibilidad de pagos, garantías y transferencias de bienes realizados a personas relacionadas, en los periodos y condiciones establecidos en el proyecto.
Finalmente, se establece expresamente que el Estado no asumirá las deudas de las empresas alcanzadas y que la implementación del régimen no implicará gastos adicionales para el Presupuesto General de la Nación.
De esta manera, el proyecto “busca establecer una herramienta excepcional y transitoria para preservar el valor de las empresas vinculadas a entidades financieras en resolución, proteger las fuentes de trabajo y resguardar el patrimonio económico, sin comprometer recursos del Estado ni sustituir las competencias de los organismos reguladores”.