El titular de la Contraloría General de la República (CGR), Camilo Benítez, anunció que la institución ampliará el examen de correspondencia de bienes de Santiago Peña, con el objetivo de verificar sus movimientos financieros desde octubre de 2025 hasta la fecha. La nueva revisión también alcanzará a su entorno familiar, ante la posibilidad de que algunos activos hayan sido adquiridos y registrados a nombre de terceros.
Benítez confirmó que están solicitando informes sobre la esposa, Leticia Ocampos; los hijos Gonzalo y Constanza Peña; y la nuera del mandatario, Serenella Argaña. La intención es determinar si existen bienes a nombre de estos familiares que pudieran corresponder al patrimonio del presidente.
El contralor aclaró que los hermanos de Peña, Manuel y Francisco Peña Palacios, todavía no están siendo verificados por la institución.
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Período de análisis
La ampliación busca cubrir un periodo que no fue alcanzado por el anterior examen de correspondencia, específicamente desde octubre de 2025. También pretenden reconstruir los movimientos financieros vinculados a un préstamo que Peña habría retirado de Ueno Bank, verificar si fue cancelado y determinar si existen indicios de lavado de dinero.
“Hay un tiempo que no fue verificado que es de octubre del 2025 hasta la fecha y ese el tiempo que queremos ver el movimiento financiero del expresidente. A ver si podemos ir hacia el préstamo porque él había retirado un préstamo de Ueno. Hay que ver si pagó el préstamo o si hay indicios de lavado de dinero. Queremos agotar este plazo de un año que no fue alcanzado por el examen de correspondencia anterior”, mencionó.
Benítez indicó que solicitaron que la información requerida sea remitida en un plazo máximo de 48 horas, debido a que los pedidos de informes pueden demorar varios meses. El objetivo es concluir las verificaciones antes de finalizar el año, al igual que la auditoría que actualmente realizan al Banco Central del Paraguay (BCP), según mencionó.
“Estamos solicitando una información en un plazo de 48 como máximo. Queremos la información cuanto antes porque muchas veces tarda seis meses. Queremos terminar todo antes de fin de año, así como la auditoría al BCP”, dijo.
Benítez defiende examen anterior de bienes de Peña
Ante los cuestionamientos a su gestión y un inminente inicio de juicio político en su contra, el contralor también defendió el trabajo realizado por la institución en el anterior examen de correspondencia de bienes de Peña y sostuvo que la verificación se ajustó a las atribuciones legales de la Contraloría.
Explicó que este procedimiento no constituye una certificación de honestidad ni permite descartar la existencia de hechos de corrupción que no puedan detectarse mediante documentos oficiales.
“El examen de correspondencia no otorga un certificado de honestidad. Es una verificación documental, contrasta las declaraciones juradas entre sí y verifica que el crecimiento patrimonial declarado tiene trazabilidad y respaldo con documentos oficiales. El enriquecimiento de verdad, que a mí y a mi equipo siempre nos han cuestionado que nunca se verificó, es lo que generó Peña en el sector privado. Nosotros no tenemos legitimidad para hacer una investigación sobre el enriquecimiento de personas fuera de la función pública”, dijo.

¿Contraloría o Fiscalía debe verificar efectivamente?
En ese sentido, explicó que la Contraloría verifica lo que el funcionario declara y los registros financieros y patrimoniales disponibles. Sin embargo, señaló que existen operaciones y activos que pueden quedar fuera del alcance de la institución, como el dinero en efectivo, las coimas y las criptomonedas almacenadas en billeteras privadas.
“La verdad es que el examen no puede corroborar muchos extremos que sí puede corrobar el Ministerio Público. Nosotros solo vemos lo que el funcionario declara y lo que queda registrado. Y verificamos la trazabilidad del dinero para ver si se respalda esa declaración”, mencionó.
“El efectivo, los sobres, las coimas no pasan por bancos ni registros públicos. Los activos invisibiles, como las criptomonedas que se guardan en billeteras privadas, el dinero en efectivo guardado en bóvedas o cajas de seguridad no figuran en ningún registro oficial al que la Contraloría tiene acceso. El examen no otorga un certificado de honestidad, el funcionario puede ser un ladrón e igualmente puede tener un examen de correspondencia correcto porque su declaración jurada tiene un respaldo, como fue inicialmente el caso de Peña”, añadió.
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Diferencias entre los casos de Peña y Eddie Jara
Benítez también respondió a los cuestionamientos sobre el tratamiento que dio la Contraloría a las declaraciones juradas de Peña y las del extitular de Petropar Eddie Jara, imputado por el Ministerio Público. Aseguró que ambos fueron sometidos al mismo procedimiento de control, pero que en el caso de Jara encontraron una operación financiera que generó alertas.
Según explicó, Jara recibió un depósito de G. 3.000 millones en su cuenta bancaria. La persona que realizó la transferencia manifestó a la Contraloría que el dinero correspondía a un préstamo que había recibido del entonces titular de Petropar. Sin embargo, al consultar a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la institución informó que Jara no había generado los recursos que supuestamente prestó.
En cambio, sostuvo que el patrimonio declarado por Peña se había generado después de que este dejara la función pública y que los movimientos estaban registrados en el sistema financiero, cuyos controles también intervienen antes de que se realicen los depósitos.
“En el caso del expresidente, él tenía todo en el sistema bancario. Él su fortuna declarada la generó cuando había salido de la función pública y estaba en el sistema financiero, que tiene a su vez sus propios controles previos al depósito de dinero”, apuntó.
Cuestiona a Fiscalía por no profundizar investigación
El contralor cuestionó al Ministerio Público por no haber profundizado, durante la administración del exfiscal general del Estado Emiliano Rolón, la trazabilidad de los bienes de Peña. Sostuvo que la Fiscalía cuenta con herramientas de investigación que la Contraloría no posee y que podrían haber permitido verificar otros elementos que no aparecen en los registros oficiales.
“La titularidad de persecución penal para investigar hechos punibles la tiene el Ministerio Público y ellos sí tienen una capacidad que nosotros carecemos. Ellos pueden hacer allanamientos, revisar mensajes de textos, incautar celulares e ir a los inmuebles para verificar, muchísimas cosas que noosotros no tenemos esa capacidad”, declaró.
Benítez respondió también a las afirmaciones realizadas por Rolón en su descargo presentado ayer, antes de renunciar al cargo, en las que el exfiscal general sostuvo que la Contraloría no había proporcionado información sobre irregularidades relacionadas con Peña en su examen de correspondencia. El contralor negó esa versión y citó antecedentes de otros funcionarios cuyos exámenes de correspondencia tampoco impidieron que la Fiscalía profundizara las investigaciones.
“Eso no es cierto porque en todos los casos en Paraguay de funcionarios imputados por enriquecimiento ilícito tenían examen de correspondencia, como es el caso de González Daher, Javier Díaz Verón o el del expresidente del Indert. Los excontralores le habían firmado que tenían correspondencia de sus bienes, el MP profundizó muchísimo más y encontró que realmente habían muchísimos otros elementos que ameritaban la imputación correspondiente por enriquecimiento indebido”, sostuvo.

Contraloría remitió omisiones de Peña a la Fiscalía
Benítez aseguró que la Contraloría remitió al Ministerio Público las omisiones detectadas en las declaraciones juradas de Peña, incluidas las rectificaciones que posteriormente realizó el mandatario. Indicó que el expediente fue enviado en mayo de este año y que esos elementos formaban parte del examen de correspondencia.
“Esas omisiones están en nuestro exámenes y nosotros enviamos al Ministerio Público”, dijo.
El contralor consideró que Peña debió ser sancionado por declaración falsa, debido a que la normativa no distingue entre una omisión y una acción al momento de configurar ese hecho. Explicó que la institución tiene la obligación de denunciar los casos en los que detecta inconsistencias, independientemente de que se trate de errores o de conductas deliberadas.
“El mero error en la declaración, que lo cometen muchos funcionarios, ya es una declaración falsa porque se reprocha la intención o no. La deliberada intención y el error están penadas. Nosotros sí o sí tenemos que denunciar todos los casos y este caso también se envió, está en el examen”, mencionó.
Asimismo, planteó que el Ministerio Público pudo haber modificado su criterio respecto a la persecución penal de este tipo de hechos debido a la cantidad de denuncias remitidas por la Contraloría.
Benítez admite daño a la imagen de la Contraloría
Pese a defender el trabajo técnico de la institución, Benítez reconoció que la situación actual de Peña y las sospechas sobre su patrimonio dejaron a la Contraloría con una imagen deteriorada ante la opinión pública. El mandatario fue imputado tras ser considerado la cabeza de un esquema que permitió a Ueno Bank obtener fondos públicos sin control efectivo del BCP y que derivó en la resolución de la entidad.
“El resto, obviamente, reconozco que es algo que, lastimosamente, daña enormemente nuestra imagen y reputación”, admitió.
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Peña, una “decepción” y una “estafa”
El contralor calificó a Peña como una “decepción” y una “estafa”, al referirse a las limitaciones del examen de correspondencia para detectar dinero proveniente de hechos de corrupción que no figura en las declaraciones juradas ni en los registros financieros.
“El dinero impropio proveniente de coimas o de hechos de corrupción no figura en las DDJJ. Nosotros lo único que podemos hacer es ver la trazabilidad del dinero, por dónde él sacó la plata, tenía en el banco y pidió otro préstamo y con eso hizo egresos. Más que eso no podemos hacer”, remarcó.
También admitió que, a la luz de los acontecimientos actuales, podría haber actuado de otra manera al momento de dar por concluido el examen anterior de Peña. Sin embargo, sostuvo que su estilo de gestión es no dejar expedientes sin resolver.
“Me pueden reprochar por qué le firmé en ese momento y consideré que el caso tan emblemático que ameritaba hacer uso de esa herramienta. ¿Lo haría de nuevo? Quizás no. La verdad hay veces que uno tiene que enteder cuestiones que tiene que enfriar y no es mi estilo, siempre termino todo, nada cajoneo”, mencionó.

Niega reuniones secretas con Santiago Peña
En medio de los cuestionamientos sobre su relación con el mandatario, Benítez negó haber mantenido reuniones secretas con Peña y aseguró que todos los encuentros que tuvieron fuera de la Contraloría estaban vinculados a cuestiones institucionales y publicados en sus redes sociales. “Nunca tuve una reunión con él fuera de la agenda”, aseguró.
Aseguró que solo fue a Mburuvicha Róga en el marco de reuniones oficiales. “Yo nunca tuve una reunión secreta con el expresidente. Sí tuve varias que están publicadas en mis redes y sus redes que tienen que ver con el seguimiento de la ley de integridad pública que crea un Consejo Anticorrupción e impone dos reuniones al año. A Mburuvicha Róga me fui muchas veces al reunirme con el presidente y trabajé mano a mano con Lea Giménez”, mencionó.
También rechazó las versiones sobre supuestos encuentros informales para jugar pádel y defendió su postura de que las reuniones entre altas autoridades del Estado deben ser públicas.
“Para mí las altas autoridades solamente deben tener reuniones públicas. Ese es mi criterio y lo he mencionado ante el consejo anticorrupción frente a todos los titulares de los poderes del Estado. Está dentro de la propuesta que yo presenté”, mencionó. Resaltó que es una recomendación de organismos internaiocnales.
Contralor dice que no renunciará sin defender su gestión
Benítez también se refirió a los cuestionamientos sobre su continuidad al frente de la Contraloría y aseguró que no tiene apego personal al cargo. No obstante, sostuvo que no abandonará la institución sin defender públicamente el trabajo realizado durante su administración.
“Yo no tengo ningún apego personal a este cargo, con gusto saldría. Lo único que no voy a permitir es salir como esas ratas, corriendo por atrás. Voy a defender el trabajo que he hecho. Mi gestión es la de mayor productividad de la historia del Paraguay”, mencionó.
Agregó que, si la ciudadanía pierde la confianza en el contralor, considera que esa persona debe apartarse del cargo, debido a la responsabilidad que implica liderar las políticas anticorrupción del país y representar al Paraguay en instancias internacionales.
“Si es que la confianza hacia el contralor se pierde, categóricamente creo esa persona tiene que salir. El contralor lidera la política anticorrupción en el Paraguay y lo representa en políticas anticorrupción fuera del Paraguay, claramente que tiene que gozar de ciertos prestigios. Lo único es que no me iría sin defender mi honor. No siento que haya cometido un hecho punible”, mencionó.
El contralor confirmó que acudirá ante el Congreso, si se activa el juicio político en su contra, para exponer las advertencias que, según afirmó, la institución realizó desde 2022 sobre los riesgos vinculados a los depósitos de fondos públicos en Ueno Bank. También cuestionó que esas alertas no hayan generado acciones por parte de otras instituciones del Estado.
“Voy a ir sí o sí porque tengo cuatro hijas y no me voy a retirar como esos cobardes de este problema. Voy a exponer todo lo que hemos hecho desde la Contraloría para advertir todo este descalabro que estamos viviendo hoy y como los miembros del Congreso recibieron estos informes desde el 2022 y nadie hizo nada; como el expresidente recibió y no hizo nada; como el Ministerio Público recibió estos informes, tampoco hizo nada. Me voy a defender técnicamente. Políticamente, es una cuestión que no depende de mí”, refirió.

Contraloría sostiene que alertó sobre Ueno Bank desde 2022
Benítez defendió la actuación de la Contraloría en relación con el caso de Ueno Bank y aseguró que la institución fue la única que advirtió reiteradamente sobre el peligro de depositar dinero público en la entidad financiera. Afirmó que iniciaron una auditoría a la Superintendencia de Bancos cuando surgieron las primeras señales de alerta y que en agosto de este año presentaron denuncias penales.
“La Contraloría ha sido la única institución del Estado que desde el 2022 viene de manera reiterativa advirtiendo el peligro que constituía depositar dinero público en este banco. Inclusive, en agosto de este año hicimos denuncias penales contra esto. Nosotros, a penas saltó la primera señal, iniciamos una auditoría a la Superintendencia de Bancos. Somos la única institución que ha venido advirtiendo. Decir que la Contraloría no hizo su trabajo es sinceramente desconocer las informaciones públicas y eso está publicado en nuestro página web”, mencionó.
Una “pena” si lo sacan ahora del cargo
El contralor manifestó que sería perjudicial que lo aparten del cargo en este momento, debido a que la institución está realizando una auditoría al BCP y buscando establecer responsabilidades en el proceso de absorción de Visión Banco por parte de Ueno y los acontecimientos posteriores.
“Sería una pena por lo menos por un tiempo porque ahora el BCP nos abrió las puertas para que podamos investigar todo este proceso desde la absorción de Ueno con Visión Banco y todo lo que se vino en adelante”, dijo.
Según explicó, recibieron colaboración de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y están reuniendo antecedentes para determinar si funcionarios con responsabilidades directas permitieron que se produjeran las irregularidades investigadas.
“Hemos recibido la colaboración de Asoban sobre advertencia que nos hicieron mucho tiempo antes y estamos tratando de hilar eso para poder hacer denuncias penales contra funcionarios que tenían la responsabilidad personal de que esto no ocurra. Si a mí me echan, también lo tendrían que hacer a Armindo Torres. Ante esta doble acefalía se debería quedar el asesor jurídico”, sostuvo.
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Espera que Fiscalía profundice investigación
Asimismo, Benítez reiteró que espera que la fiscal general interina, Alba Cantero, profundice las diligencias y analice los documentos que la Contraloría ya remitió en el marco de la causa sobre enriquecimiento ilícito cometido presuntamente por Peña.
Remarcó que la Contraloría pretende agotar todas las verificaciones pendientes sobre el patrimonio del mandatario y su entorno familiar antes de cerrar el año.
Esta mañana, la diputada Johanna Ortega (PPS) confirmó que continúan recolectando elementos para promover un eventual juicio político contra Benítez. La legisladora cuestiona que el contralor haya avalado la correspondencia de bienes de Peña, pese a las actuales sospechas sobre su patrimonio.
Este punto constituye uno de los principales argumentos que maneja la oposición para impulsar el libelo acusatorio, junto con el cuestionamiento al papel que desempeñó la Contraloría en el control de las declaraciones juradas del exmandatario.