Tres sindicados de integrar el esquema de coima liderado, según el Ministerio Público, por la entonces agente Ana Elizabeth Girala López en la fiscalía de San Lorenzo, fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento. Deberán donar entre G. 15 millones y G. 45 millones cada uno, a distintos centros de salud; y cumplir ciertas reglas de conducta por el plazo de dos años.
La Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible un recurso de casación y confirmó que la exfiscala Ana Elizabeth Girala López afrontará juicio oral y público junto a su secretaria, su ex asistente fiscal y dos abogadas acusados por el esquema de “apriete” que supuestamente lideraba la ahora exagente del Ministerio Público. La Sala Penal del máximo tribunal consideró inoficioso el recurso planteado por las defensas de las dos profesionales del derecho.
La ex defensora pública de San Pedro, Yrene Catherine Peña Cabral, fue condenada en procedimiento abreviado a dos años con suspensión por el juez Humberto Otazú. Esta ejercía la defensa de un procesado por sustracción de energía eléctrica, a quien exigía sumas de dinero, bajo el código de “manzanas”, para luego ofrecerles a los fiscales y jueces, a fin de que su cliente tenga una salida procesal favorable.
El suboficial ayudante Cemión Arce Mendoza (28) y la oficial ayudante Evelyng Jazmín Núñez González (25), afrontan desde hoy un juicio oral y público por supuesto cohecho pasivo agravado (coima) y privación ilegítima de la libertad. Es a raíz de un procedimiento realizado en diciembre del 2022 por los agentes, que en la época prestaban servicios en la comisaría 3ª, de Asunción.
Un trabajador del delivery quemó su motocicleta en señal de protesta, luego de denunciar que agentes de la PMT le pidieron coima para liberarla del cepo. Ocurrió en la Estación de Buses de Asunción. La PMT dijo que no tenía chapa ni licencia.
El juez Rodrigo Estigarribia condenó, a través del procedimiento abreviado, a dos años de prisión con suspensión a prueba contra Julio Rodrigo Bernal Ríos, funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS). Este exigió el pago de la suma de G. 2.100.000 a una mujer para agilizar los trámites a fin de que ella pueda cobrar la pensión de su madre que había fallecido.