16 de julio de 2026

Vigilar el comportamiento de los que hoy administran las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá es un servicio invalorable a la patria. Por ese motivo recurrimos de nuevo a un grupo de expertos que realiza, voluntariamente, esa tarea, por la que la historia, alguna vez, les premiará.

Las transferencias provenientes de las entidades binacionales registraron una fuerte disminución en el acumulado hasta agosto de 2025. Conforme con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los ingresos totalizaron US$ 325,1 millones, lo que implicó una reducción del 26,8% en comparación con los US$ 444,1 millones obtenidos en el mismo período de 2024. Esta merma equivale a US$ 118,9 millones menos en las arcas del Estado.

El flujo de recursos provenientes de los royalties de Itaipú y Yacyretá constituye un componente esencial para el financiamiento del Estado paraguayo y de los gobiernos subnacionales. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre enero y julio de 2025 el total transferido ascendió a US$ 182,9 millones, de los cuales US$ 150,1 millones provinieron de Itaipú y US$ 32,7 millones de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Estos ingresos se distribuyen de manera equitativa entre la Administración Central y las gobernaciones y municipios, que recibieron US$ 91,4 millones cada uno en el periodo analizado.

Entre enero y julio de 2025, las transferencias provenientes de las entidades binacionales al Estado paraguayo registraron una caída significativa, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El total recibido en este periodo fue de US$ 292,9 millones, lo que representó una disminución de US$ 110,7 millones respecto al mismo lapso de 2024, equivalente a una variación negativa del 27,4%. Esta reducción refleja tanto la baja en los ingresos por royalties como en los recursos derivados de la cesión de energía.
Las entidades binacionales no son los únicos únicos organismos que eluden a la Contraloría General de la República (CGR), encargada de supervisar las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades. En efecto, son numerosos los que aparentemente buscan que su posible mala administración sea avalada por el Tribunal de Cuentas (TC), sin ser auditados por el órgano contralor por excelencia; invocan un fallo de la Corte Suprema de Justicia que encargó a esa dependencia judicial juzgar también las cuentas de inversión presupuestarias, tras una acción de inconstitucionalidad promovida en 2003 por la propia Corte Suprema de Justicia y algunos intendentes. Ahora, el contralor Camilo Benítez se muestra “muy preocupado” porque los senadores aprobaron un proyecto de ley que, modificando el sancionado por la Cámara Baja, faculta a dos de las nuevas salas a juzgar las cuentas de inversión del Presupuesto nacional.