19 de abril de 2026

El presidente Santiago Peña firmó el decreto que reglamenta los “márgenes de tolerancia” en operaciones de agrimensura, conforme al artículo 93 de la Ley que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional. Esta normativa rige desde enero de este año con muchas quejas y denuncias de excesivas demoras y burocracia en los trámites.

Aproximadamente 70 notarios firmaron el acta constitutiva para la creación del Consejo de Notarios Públicos del Paraguay. La nueva asociación tendrá como objetivos la capacitación, la ética profesional y la representación institucional, indicó su titular, Ana María Niella.

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7424/2025 que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Registro Unificado Nacional (RUN) que fusiona la Dirección de Catastro (MEF), Registros Públicos (Corte Suprema) y el Departamento de Agrimensura (MOPC), esto a fin de buscar una salida a las constantes problemáticas para las gestiones inmobiliarias.

El proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN) nuevamente se tratará en Cámara de Diputados, en su segunda vuelta, luego de que el Senado se haya ratificado en su versión original la semana última, también en segundo tratamiento. Los diputados necesitan 53 votos para ratificarse en su versión del documento que está en el punto tres del orden del día de la penúltima sesión del año.

La escribana Olga Beatriz Denis Filippini denunció, mediante su abogado, la existencia de una supuesta confabulación entre jueces y peritos para lograr invalidar escrituras públicas. Esto, en el marco del caso en el que dos peritos son investigados por la Fiscalía por presuntamente haber invalidado la firma de una mujer, que antes de morir incluyó en su testamento a un empleado de confianza como beneficiario del 20% de sus bienes.

Por amplia mayoría, la Cámara de Senadores ratificó hoy su versión del polémico proyecto de ley “que crea el Sistema Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional (RUN)”. En el debate, los legisladores votaron por mantener la versión de la Cámara Alta, por tanto, la iniciativa del Poder Ejecutivo y Judicial vuelve a la Cámara de Diputados, que para ratificar su versión necesita mayoría absoluta. Es decir, 53 votos de 80 presentes.