10 de junio de 2026

El Consejo de Administración del IPS aprobó hoy, en sesión, una inversión en bonos del BID Invest a seis años, con una tasa del 7,35%. La medida busca fortalecer el Fondo de Jubilaciones con máxima seguridad financiera.
José Luis Urizar, gerente de Administración y Financias del Instituto de Previsión Social (IPS), confirmó que desde el 2020 están usando las rentas del ente para cubrir el déficit del fondo de jubilaciones, que es de unos G. 20.000 millones mensuales. El dinero fue utilizado para equiparar sueldos de pensionados y jubilados con un haber jubilatorio inferior al sueldo mínimo, aseguró.

El director de Administración y Finanzas del Instituto de Previsión Social confirmó que se están usando rentas de la reserva técnica de la previsional para cubrir el déficit actual del fondo de jubilaciones. Estimó que el déficit, que atribuyó al impacto de la pandemia, entre otras causas, debería equilibrarse en 2024.
A pesar de que la propia Constitución Nacional establece que “Los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y; estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio”, parecería ser que la reciente ley N° 7037/22 “Que Establece Medidas Administrativas para el financiamiento del programa de enfermedad y maternidad del Instituto de Previsión Social”, es un intento desesperado de captar fondos de donde sea, aun si ello significa atentar contra una disposición constitucional.
El precandidato a la Cámara de Diputados y exgerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS) Pedro Halley se presentó este jueves frente al Congreso Nacional para ejercer presión ciudadana, teniendo en cuenta que hoy podría tratarse sobre tablas el “bicicleteo” de la deuda de IPS. Advirtió que el “manotazo” que pretenden hacer de los fondos de la previsional podría perjudicar a los jubilados y que lo que dice el diputado Arnaldo Samaniego es “un ardid”.
La Coordinadora Nacional de Funcionarios Públicos Jubilados y Activos del Servicio Civil emitió ayer un comunicado para manifestar su rechazo al proyecto de ley que transfiere créditos presupuestarios a favor de la Justicia Electoral, por G. 50.000 millones (US$ 9 millones).