La Cámara de Diputados sancionó un proyecto que modifica dos artículos de la denominada Ley de acceso a la información pública. Los cambios guardan relación con la actualización de datos y de la presencia de informes sobre asignación de derechos de tierras públicas.
El Poder Judicial tiene en sus manos una serie de causas con las que se busca poner trabas a la libertad de expresión y prensa y al libre acceso a la información pública. La Corte Suprema debe definir el intento del Banco Central del Paraguay (BCP) de esconder datos sobre el usurero Ramón González Daher. Aduanas negó datos a un ciudadano. Hay procesos que buscan la censura.
El Ministerio de Justicia es el responsable, entre otras cosas, de velar por el cumplimiento de la Ley N° 5.282 de Transparencia Gubernamental. Sin embargo, irónicamente incumple esa misma ley cuando se trata de dar datos solicitados a su institución.
Entes estatales siguen ocultando datos a la ciudadanía. Siempre hubo una lucha por el acceso a la información pública y siempre se ha negado de alguna manera, indicó, Daniel Vargas Téllez.
Los diputados Kattya González (PEN) y Édgar Acosta (PLRA) presentaron la contestación a la excepción de inconstitucionalidad planteada por la Itaipú Binacional y piden que sea rechazada por improcedente. El ente hidroeléctrico se mantiene en su postura de negar la divulgación de la contratación de abogados externos.
El presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Ortiz, reconoció que incumple las indicaciones de Contraloría al mantener vigente, sin modificaciones, su Resolución N°34/2020 que “legaliza” las tragamonedas del país en sitios prohibidos. Se negó a informar sobre la cantidad de máquinas legalizadas.