29 de marzo de 2026

El presunto jefe narcotraficante Marcio Gayoso, alias Candonga, y tres comisarios de la Policía Nacional afrontarán juicio desde este miércoles por el caso North. Con la operación hecha en 2019, según la fiscalía, se anuló una red criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en Pedro Juan Caballero, que, a cambio de pagos de dinero obtenía la cobertura de policías para sus actividades.

Aparte de los militares y de los policías, también los docentes pretenden conservar sus privilegios en el marco de la reforma de la Caja Fiscal promovida por el Poder Ejecutivo debido a su “acelerado deterioro”, al decir del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. “Estamos en pie de guerra”, llegó a decir Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), como si fuera lo más natural del mundo. Por tanto, recurren desde ya a la extorsión, amenazando con no iniciar las clases en este año lectivo si sus demandas no son aceptadas. En realidad, los docentes deberían estar “en pie de guerra” contra la ignorancia propia y ajena, en vez de lanzar amenazas con el fin de mantener sus prerrogativas en perjuicio de los contribuyentes. Lo que es seguro es que la exigencia de privilegios indebidos no va a contribuir en beneficio de la educación paraguaya.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un recurso planteado por la defensa de los policías Evelyng Jazmín Núñez González y Cemion Arce Mendoza, condenados a 4 años de prisión por “apretar” a una joven madre. En juicio, concluido en mayo de 2024, fueron declarados culpables de privación de libertad, coima y extorsión en grado de tentativa.

Del grupo de 5.000 nuevos agentes policiales egresados recientemente, unos 50 fueron enviados a este departamento chaqueño y ya fueron distribuidos para prestar servicios en las principales comisarías de la zona. Con esto se está superando la cantidad de 150 uniformados que trabajan en el Alto Paraguay, cifra que resulta insuficiente atendiendo la gran extensión territorial que deben cubrir.

El juicio a tres comisarios de la dictadura stronista, procesados por presuntas torturas, entró en fase final. En este contexto, la Fiscalía presentó sus alegatos y solicitó penas que van entre 25 y 30 años para los policías. El proceso, que estuvo trabado por 8 años, trata sobre hechos registrados en 1976.

El juicio a un abogado y a dos policías, que habrían brindado protección al considerado jefe del Primeiro Comando da Capital (PCC), Eduardo “Piska” Aparecido de Almeida, ingresó a estancias finales. En un primer juicio, hecho en 2021, ya fueron condenados, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con votos en mayoría, ordenó la realización de uno nuevo.