Desde la Cámara de Representantes e Importadores de productos farmacéuticos (Cripfa) manifestaron estar en una situación desesperante, debido a que el Instituto de Previsión Social (IPS) les debe más de US$ 400 millones y no hay proyecciones de pagos próximamente. Piden al Poder Ejecutivo una urgente solución para poder seguir proveyendo de medicamentos a la previsional.
La jueza Rosarito Montanía dispuso que el exministro de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia José Orué Rolandi y Nancy Lucina Godoy, proveedora del Estado implicada en sospechosas adjudicaciones, afronten juicio oral y público por un supuesto perjuicio de G. 3.600 millones mediante compras sobrefacturadas de alimentos en los programas “Abrazo” y “Painac”, para asistencia a niños y adolescente en pobreza extrema.
Un audio al que tuvo acceso nuestro diario confirmó el viernes que en la entidad binacional Itaipú se estaba chantajeando a las proveedoras pidiendo un 30% de sus facturaciones presuntamente para aportar a la campaña política del presidenciable Santiago Peña.
El ministro de Justicia, Ever Martínez Fernández, denunció ante la Fiscalía General del Estado un hecho de estafa supuestamente perpetrada por la firma proveedora de carnes y menudencias Samal SRL, por un total de G. 233.711.640.
El titular del Jurado de Enjuiciamiento, Óscar González Daher, estaría presionando al Poder Judicial para que una proveedora del Estado, acusada por un perjuicio de G. 6.000 millones a la Secretaría de la Niñez, sea blanqueada.
Especificaciones técnicas, precios y mensajes tales como “para hacer el llamado urgente” y “está preparado para un contrato abierto con precio mínimo y máximo”, están contenidos en los sospechosos correos electrónicos intercambiados entre Danilo Bellon (uno de los dueños de Automotive SAIE) y Carlos Ruiz González, gerente económico del SNPP.