suspensión

El diputado opositor Miguel Martínez (PLRA) se disculpó en la sesión ordinaria de Diputados de hoy por haber llamado “colorratas”, un mote con el cual la mayoría cartista y sus aliados se tomaron por aludidos. No obstante, sigue rondando en el aire la amenaza de suspenderlo y no se descarta hacerle perder la investidura, según reconoció el presidente en ejercicio de la Cámara, Hugo Meza (ANR, B).

El juez de sentencia Jovino Ramón González Alcaraz suspendió un juicio oral que debía iniciarse ayer en el Palacio de Justicia de Concepción, porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó su renuncia, que había presentado para acogerse a la jubilación. Su desvinculación debe darse recién el 1 de agosto. El presidente de la Circunscripción Judicial de Concepción aseguró que el juicio oral debía iniciarse y calificó de grave la decisión del juez.

¿Un juez puede levantar la orden de detención de un procesado que fijó domicilio en el exterior? Este tema generó agrio debate que derivó en una discusión subida de tono entre los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), durante la sesión plenaria realizada en la fecha. Incluso, uno de ellos recomendó a sus colegas que lean el diccionario.

En reunión de mesa directiva esta mañana de la Cámara de Diputados primó la “ley del ñembotavy” (ley del desentendido) y supuestamente ni se discutieron los incidentes ocurridos ayer en la sesión ordinaria, donde un rabioso diputado aliado cartista Jatar Fernández desafío a moquete a su colega opositor Raúl Benítez. Si no hubiera sido por otros legisladores, Jatar iba a agredir al parlamentario opositor. El líder de la bancada B oficialista de la ANR, Hugo Meza, prometió “hablar” con Jatar, quien aún mantiene rasgos de “barrabrava” en su conducta. No obstante, existen rumores de querer aprovechar el incidente para castigar al opositor.

GRAL. RESQUÍN. Padres de familia de la escuela básica Nº 1.692 Sagrada Familia, de la colonia Naranjito de este municipio, piden al MEC la suspensión de la modalidad jornada escolar extendida por la falta de cumplimiento de los compromisos establecidos para el desarrollo del proyecto. Aseguran que desde su implementación hace cuatro años, nunca se ha cumplido con los requisitos exigidos.