El foco del conflicto se originó por un violento enfrentamiento entre la hinchada organizada de Cerro Porteño y efectivos de la Policía Nacional. La rápida escalada de agresiones derivó en una situación incontrolable que obligó a las autoridades a priorizar la integridad física de los presentes por sobre el espectáculo deportivo.

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La tensión estalló cuando grupos de aficionados arremetieron contra el cordón policial. La respuesta de los uniformados incluyó el uso de balines de goma y gases lacrimógenos, lo que multiplicó el desorden en las gradas. En uno de los momentos más críticos de la noche, un grupo de violentos logró despojar de su escudo a un agente de los Cascos Azules, exhibiendo el equipo de seguridad como un trofeo ante la multitud, evidenciando el quiebre total del orden.

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El impacto de los químicos no se limitó a la zona de conflicto. El gas lacrimógeno, arrastrado por el viento, alcanzó los sectores de Preferencias y Plateas, donde familias y niños disfrutaban del encuentro de forma pacífica. La exposición al aire irritante provocó escenas de asfixia y desesperación, forzando una evacuación precipitada mientras los asistentes buscaban refugio ante la nube tóxica que cubría gran parte del estadio.

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En un gesto de desesperación, los jugadores de Cerro Porteño se acercaron a las vallas para lanzar botellas de agua a los aficionados, intentando mitigar los efectos del gas. Ante la falta de salidas despejadas, una parte del público —ajena a los grupos violentos— se vio obligada a ingresar al campo de juego para encontrar aire limpio y resguardo, mientras los futbolistas se retiraban finalmente a vestuarios bajo un clima de total incertidumbre.

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Tras varios minutos de deliberación, la Asociación Paraguaya de Fútbol ratificó la gravedad de los hechos. Michael Sánchez, Director de Competiciones, confirmó la suspensión definitiva del partido. Con el Superclásico truncado y un saldo de heridos aún por confirmar, el episodio queda ahora bajo la lupa del Tribunal Disciplinario. Este nuevo capítulo de violencia no solo deja el resultado en el aire, sino que reabre el urgente debate sobre la seguridad y el derecho de las familias a asistir a los estadios en Paraguay.