Acusados por caso Conajzar siguen en sus cargos, ante “vista gorda” de SFP

Acusados por presuntos hechos punibles en la gestión de la Conajzar siguen en sus cargos públicos, no se los sumarió ni apartó, según confirmó a ABC la Secretaría de la Función Pública (SFP). La ley 1626 establece que deben ser separados de sus puestos los funcionarios con imputación.

Carmen Alonso es titular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), cargo de confianza del presidente Mario Abdo Benítez. Sigue al frente de la institución a pesar de que se encuentra procesada por aparentes hechos de corrupción en la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).
Carmen Alonso es titular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), cargo de confianza del presidente Mario Abdo Benítez. Sigue al frente de la institución a pesar de que se encuentra procesada por aparentes hechos de corrupción en la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).Gentileza,

La Secretaría de la Función Pública (SFP), cuya ministra es Nidia Cristina Bogado de Doldán, reportó que ninguno de los funcionarios públicos procesados por hechos punibles aparentemente cometidos en la gestión de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) fue separado de sus cargos, a pesar de que así lo estipula la Ley N° 1.626/2000 de la Función Pública. Este incumplimiento lo confirmó la propia institución mediante un pedido de Acceso a Información Pública (AIP), expediente N° 57.476.

Los procesados que ocupan cargos públicos actualmente son: Carmen Corina Alonso, titular de la Dirección de Beneficencia (Diben) y precandidata al Senado, quien registra un salario mensual de G. 25.528.200; Rubén Roussillón, miembro de Conajzar y gobernador de Presidente Hayes, su sueldo es de G. 33.014.440; y Omar Mongelos, director de Municipalidades del Ministerio del Interior, gana G. 17.223.570.

También se encuentra acusado Raúl Silva, funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que conforme a su categoría en la nómina de funcionarios, su salario ronda entre G. 28 millones y G. 32 millones. Además, aparece en nómina de funcionarios con bonificaciones, en la que se reporta que se beneficia con G. 38.659.962. La EBY no se rige la Ley N° 1626, conforme una nota de Asesoría Jurídica de esta institución de junio del 2018 (Exp. N° 13.233).

El artículo 42 de la citada ley establece que “cuando un funcionario público fuera imputado por hechos punibles será suspendido en el cargo por el tiempo que dure el proceso”.

Sin embargo, al parecer eso es “letra muerta”, conforme se desprende del informe firmado por el jefe del departamento de Sumarios Administrativos, Osvaldo Prado; la encargada de Despacho de Sumarios Administrativos, Elida Virginia Ayala; y el director de Asuntos Jurídicos, Máximo Gabriel Medina Coronel. Ni siquiera se registra un sumario abierto a los citados funcionarios, precisaron.

El documento indica que Conajzar está integrada por representantes de otras instituciones y se constituye en un colegiado. Precisa que las máximas autoridades de las instituciones de origen son las responsables de ordenar la investigación y la SFP se encarga de asignar el juez.

Mientras tanto, la investigación de la fiscala María Estefanía González sigue en curso, acusó y pidió juicio oral para siete de los ocho procesados inicialmente. Para los próximos 9,10 y 11 de julio fue fijada la audiencia preliminar para los siete acusados por el caso Conajzar ante el juez Humberto Otazú.

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