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Este miércoles se cumple un mes de que Óscar Stark haya asumido el cargo de titular en el Viceministerio de Transporte (VMT), del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en medio de críticas a su antecesor por falta de transparencia y el reconocimiento oficial de que el Gobierno de Mario Abdo Benítez subsidia el pasaje de miles de “pasajeros fantasma” del transporte público del Área Metropolitana. La crisis derivó en una convocatoria a una interpelación en la Cámara de Diputados, que finalmente no se desarrolló por falta de quórum (a días de las elecciones generales).
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Apenas asumió el cargo, Stark había anunciado una auditoria en la institución y ya dispone un informe al respecto, que es el que iba a ser presentado a los diputados y a la fecha no fue socializado. Tampoco publicó el detalle de los pagos de subsidios mensuales a las concesionarias, pese a la promesa del MOPC de actualizarlo por iniciativa propia.
Sin embargo, Stark mostró una apertura al desarrollar diversas entrevistas con los medios de prensa y reuniones con varios actores del rubro, entre los que se destaca la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (OPAMA). Asimismo, presentó una denuncia ante la Fiscalía para que esta institución indague las validaciones (pago de pasaje) sospechosas.
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Opama: faltan buses y persiten “reguladas”
Mauricio Maluff, vocero de Opama, indicó que el viceministro Stark brindó los informes del billetaje electrónico que faltaban para un análisis más complejo de los datos que habían obtenido hace poco más de un mes, vía amparo judicial. Además, el grupo obtuvo informes que permiten identificar las debilidades para mejorar el servicio de traslado masivo de personas en el Área Metropolitana.
Indicó que el parque automotor de los transportistas es menor al 75% del autorizado, es decir, circulan menos cantidad de buses del mínimo obligatorio. “Hoy de 2.514 buses autorizados hay solo 1.668 declarados, cuando el 75% es 1.886. Hasta 2020 se cumplía con ese mínimo”, dijo.
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Añadió que la disminución de colectivos en circulación representa una mayor espera de los usuarios en las paradas. Es decir, persisten las “reguladas”.
“Las empresas no tienen ni los mínimos buses necesarios para cumplir sus contratos. Un total de 15 empresas fueron notificadas al respecto y solo 3 respondieron, las demás ya fueron sumariadas”, comentó. Agregó que para subsanar esta situación hará falta inversión en buses por parte de las empresas, algunas quizás puedan hacerlo y otras no, y el sistema se irá “saneando” si se obliga a cumplir con esas exigencias.
Tarifa Técnica, el mayor “secreto de Estado”
Maluff señaló que se les respondió que se pueden compartir los datos referentes a la tarifa técnica, el cálculo que define el precio del pasaje teniendo en cuenta los costos operativos del servicio y los ingresos necesarios para cubrirlos. El pasajero paga un monto fijo y la diferencia, la cubre el Estado. Este dato en las administraciones anteriores del VMT ha sido tratado casi como “secreto de Estado”.
Cabe recordar que los precios del pasaje se mantienen hace tres años en G. 2.300 para el servicio en bus convencional, y G. 3.400, diferencial. En este mismo lapso, los desembolsos por subsidios se triplicaron, conforme a reportes oficiales del VMT.
Sin embargo, se trata del mismo dato que ya fue prometido a ABC en reiteradas ocasiones, pero a la fecha no se cumple. De hecho, ya fue solicitado vía Acceso a Información Pública (AIP), Expediente N° 67.061, pero las planillas de la tarifa técnica desde la implementación del billetaje electrónico a la fecha no fueron proporcionadas, pese a que se trata de documentos públicos.
En ese sentido, es de interés público conocer cuáles son los costos operativos y cruzarlos con la realidad, según sea el caso. “Gran parte de la tarifa técnica se calcula en base a gastos reales, tales como el precio del combustible y los gastos de salarios, etc”, dijo Maluff.
Pero trabajadores de transporte denunciaron que los choferes no cobran el salario legal, que el Código Laboral estipula sueldo mínimo más 30% del mismo de plus, unos G. 3,4 millones. Tampoco cuentan con la cobertura del seguro social del Instituto de Previsión Social (IPS).
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De esta manera, surgen indicios de que se falsean datos a favor de los empresarios de transporte, y así, cobran más con la venta de pasajes y la compensación de subsidios, de lo que gastan en la prestación.
Exoneración del pasaje para personas con discapacidad y boleto estudiantil
Otro aspecto que quedó pendiente de resolver en el VMT es lo referente a la Ley N° 6556/2020 que estipula la exoneración del pasaje a todas las personas con discapacidad. Pese a que la misma se encuentra reglamentada por Decreto N° 4821 del 9 de febrero del 2021, esta disposición todavía no se cumple, según denunciaron los afectados.
En ese sentido, todavía no se reportó algún encuentro con el viceministro Stark, para analizar los mecanismos para la aplicación de la ley. Hoy, los beneficiarios que intentan ejercer su derecho, son maltratados por los choferes o simplemente, se les impide viajar en los colectivos, según las denuncias.
En su momento, el exviceministro Sánchez había respondido con agresiones verbales ante la consulta de ABC. En cuanto a los boletos estudiantiles, desde Opama se informó que aún persisten las dudas de los motivos por lo cuales todavía no recibieron todos los estudiantes sus tarjetas del billetaje.
Sin novedades del Centro de Monitoreo y del billetaje
Asimismo, un aspecto que sigue sin aclararse en medio de la crisis del transporte que derivó en el cambio de titular de Viceministerio de Transporte es referente al funcionamiento del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del billetaje. El exviceministro Sánchez reportó que el CCM no opera en 100% y para “paliar” esta situación convocó dos licitaciones, por más de US$ 1 millón.
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Estas convocatorias fueron suspendidas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) hasta tanto esta institución confirme si se trata de una doble licitación por un servicio que ya debe disponer VMT. Al respecto, se intentó conocer el estado de la investigación pero no hubo retorno del titular del citado organismo, Pablo Seitz.
Por su parte, Carlos de Pauli, representante de la empresa Pay Móvil que se había postulado para ser una operadora del billetaje electrónico en Paraguay, opinó que es necesario suspender el billetaje para realizar una auditoría a fondo del servicio de las operadoras y conocer su nivel de cumplimiento de las obligaciones.
Hasta el momento, Stark no comentó referente a las decisiones tomadas con relación a las operadoras del billetaje, que son Epas SA, con la tarjeta Jaha (de Cetrapam, gremio que nuclea a empresarios del transporte e interesados en los subsidios), y TDP SA (de Álvaro Wasmosy), con la tarjeta Más.
Cabe recordar que cada validación (pago de pasaje) genera una comisión del 6% para las operadoras. Sólo en el Área Metropolitana, representa un negocio de US$ 4 millones al año, el plan es extender a nivel país.
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