Recién en septiembre la Contraloría definirá si audita la APP de ruta PY02

El Ing. Ricardo Canese presentó ayer una denuncia en la Contraloría General de la República (CGR) sobre varias irregularidades que fueron detectadas en el marco del contrato de duplicación de la Ruta PY02, que es la primera obra que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) está ejecutando en el país a través de la Ley Nº 5.102/13 de Alianza Público Privada (APP). El informe presentado fue elaborado por el Ing. Hermann Pankow.

Esta obra está a cargo del consorcio Rutas del Este, integrado por Sacyr (España) y Ocho A (Paraguay), que ganó la licitación -sin competencia y con una elevada oferta-, durante el Gobierno de Horacio Cartes. Además, durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez, fue beneficiado con cuatro adendas, que modificaron el contrato firmado con llamativos privilegios al consorcio, según la denuncia.

El escrito presentado resaltó que en dichas adendas se autorizaron recortes de obras, se aprobaron más desembolsos al consorcio y se dieron exageradas prórrogas a la contratista, que sigue sin culminar las obras hasta la fecha. Agregó que, pese a ello, el grupo empresarial está cobrando un peaje exorbitante en la carretera, que no cubre ni la mitad de las inversiones de la APP.

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Un senador está metido en el negocio

Según señaló Canese, lo más grave es que “en el negocio” está metido un senador de la nación, refiriéndose al empresario Luis Pettengill, dueño de Ocho A, que se quedó con el 40% de las acciones de Rutas del Este, luego de que la portuguesa Mota Engil le haya cedido su parte, en condiciones que se desconocen hasta hoy.

“La APP de la Ruta P02 le implica a la empresa Ocho A, del actual senador Luis Pettengil, un hecho extremadamente grave porque un contratista del Estado no puede ser candidato al senado. Él fue candidato, el Tribunal Superior de Justicia Electoral de oficio tenía que haberle quitado de la lista, pero no lo hizo, allí hay una irregularidad grave”, expresó Canese a los medios de prensa, tras presentar la denuncia.

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Acotó que Pettengill no tenía que haber asumido como senador, pues se trata de un caso de colusión y que debe renunciar al cargo. “Aquí hay implicancias desde el gobierno de Horacio Cartes, que fue el que llamó a esta licitación, y el gobierno de Abdo Benítez (que autorizó las adendas)”, indicó.

En setiembre definirán si auditan

En entrevista con ABC Color, el contralor Camilo Benítez señaló que hasta el 31 de agosto la institución a su cargo no estará iniciando ninguna auditoría, porque según dijo deben cerrar los informes que tienen que presentar ante el Congreso en la fecha mencionada.

En este sentido, mencionó que recién en setiembre definirán si amerita la apertura de una auditoría en este caso de la ruta PY02, pero que ya se está interiorizando de los detalles de la denuncia.

“Ayer me enteré que iban a presentar hoy (por ayer) la denuncia. Lo que puedo decir es que todas las auditorías están finalizando ahora, porque nosotros presentamos a finales de agosto nuestro informe al Congreso. Estamos trabajando muchísimo para llegar con la mayor cantidad de informes finales para el 31 de agosto y, por ende, hasta esa fecha no vamos a tomar ninguna decisión sobre ninguna denuncia en general”, expresó.

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Ante esta situación, el contralor indicó que en setiembre iniciarán un nuevo plan general de auditorías y que desde ese mes verán qué hacer con el caso de la ruta PY02. Asimismo, indicó que también se debe definir el tipo de auditoría que se debería hacer en este caso.

Lo que percibirá Rutas del Este

Durante los 30 años de concesión de la ruta PY02, a través de la Ley APP, el consorcio Rutas del Este percibirá unos US$ 1.700 millones por operar y mantener la citada carretera, por lo que se convirtió en la ruta más cara de la historia del país.

A esto hay que sumar los pagos extras que corresponden a “obras complementarias” o “compensaciones” por US$ 50 millones que se agregó al contrato de la empresa, a través de adendas.

Los pagos al consorcio debían cubrirse de las recaudaciones de los peajes en un 60% y en un 40% con aporte estatal, pero pese a que las tarifas se aumentaron en los puestos de Ypacaraí y Nueva Londres, los ingresos son insuficientes y el Estado absorbe los pasivos.