A través de una nota fechada el 25 de noviembre del año pasado, la empresa Tape Porã solicitó autorización a la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, para realizar de manera conjunta un relevamiento de las instalaciones edilicias y de los sistemas de los 14 puestos de peaje administrados por la institución, con miras a su “actualización y modernización”.
Actualmente, el consorcio ya se encuentra realizando estos trabajos, lo que genera suspicacias, ya que Tape Porã es concesionaria únicamente de la ruta PY02, entre Caaguazú y Ciudad del Este (exruta 7). El interés en conocer la situación de puestos de peaje que no forman parte de su concesión, y más aún sin una contratación formal del MOPC —es decir, realizando el trabajo sin costo aparente— despierta alertas sobre un eventual objetivo de operar en el futuro los puestos más rentables.
Resulta llamativa la intervención de Tape Porã con venia del MOPC, considerando que el plazo de su concesión fue ampliado hasta el año 2053 sin licitación durante el gobierno de Horacio Cartes. Más aún, teniendo en cuenta los vínculos de la ministra Centurión con el grupo empresarial, ya que antes de asumir el cargo trabajó en la firma Jiménez Gaona y Lima, ligada a Conempa, uno de los principales accionistas de Tapé Porã, lo que podría configurar un eventual conflicto de intereses.
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Silencio del MOPC, mientras la empresa habla de “beneficiar al usuario”
Este diario insistió ayer en obtener la versión de la ministra Centurión en esta clara injerencia de una empresa privada en los puestos de peajes estatales, pero no hubo respuesta. También se realizaron consultas a la Dirección de Comunicaciones (Dircom), a cargo de Jacqueline Benítez Casco, sin retorno alguno.
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ABC Color contactó además con el director ejecutivo de Tape Porã, Néstor Filártiga, quien confirmó que los relevamientos ya están en marcha (ya intervinieron en tres puestos). Ante la consulta sobre por qué realizan este trabajo en puestos que no corresponden a su concesión, respondió que lo hacen en beneficio de “la comodidad del usuario”, con el objetivo de avanzar hacia “un sistema que permita circular rápido y de manera cómoda”. Destacó, además, la experiencia de más de 25 años de la empresa.
Filártiga sostuvo que, si en el futuro el MOPC decide concesionar los puestos de peaje, deberá realizarse una licitación pública y negó que exista algún acuerdo con la ministra Centurión para la realización de los trabajos, pese a que el pedido fue remitido directamente a ella.
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Ministra se “apartó” del proceso, según Tapé Porã
Consultado sobre si Tapé Porã está interesada en operar los peajes en el futuro, Filártiga respondió que “en este momento no puede dar una respuesta ni afirmativa ni negativa”, y señaló que existen propuestas de nuevas concesiones presentadas por distintas empresas al MOPC.
Ante la posibilidad de que Tapé Porã acceda a información privilegiada, aseguró que toda la información será pública una vez concluidos los trabajos y que corresponderá al ministerio su difusión.
Respecto a los vínculos de la ministra Centurión con la firma Jiménez Gaona y Lima, afirmó que dicha empresa no es accionista de Conempa y que sus propietarios son el ingeniero Ramón Jiménez Gaona —padre del exministro del MOPC del mismo nombre— y el ingeniero Luis Alberto Lima. Sin embargo, al insistirse en los vínculos empresariales y laborales previos de la ministra, señaló que, para tranquilidad institucional, Centurión se apartó de las decisiones relacionadas con el relevamiento, delegándolas al viceministro de Obras Públicas y a la directora de Proyectos en Ejecución.
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Insistió en que no existe otra empresa en Paraguay con la experiencia de Tapé Porã para realizar este tipo de trabajos y reiteró que la nota fue remitida a la ministra por corresponder administrativamente, pero que la gestión quedó a cargo de terceros.
Sindicatos denuncian posible cesión de activos estratégicos
Gremios sindicales del MOPC —entre ellos el Sindicato de Funcionarios de la Administración Central e Interior (SIFUCEIN-MOPC), el Sindicato Unido de Trabajadores (SIUTRA-MOPC), el Sindicato Auténtico de Trabajadores (SIATRA-MOPC) y la Asociación de Mujeres del MOPC (AM-MOPC), entre otros— remitieron ayer una nota a la ministra Centurión denunciando una posible cesión de activos estratégicos de los peajes a favor de Tapé Porã.
En el escrito, advierten que la aceptación de la solicitud de la empresa genera fundadas sospechas de tratativas en connivencia con responsables institucionales para apropiarse de activos estratégicos que generan recursos propios al MOPC, como la administración y el cobro de tasas de peaje, así como una eventual concesión de rutas de alto tránsito vehicular.
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Los sindicatos también denunciaron una supuesta malversación de los recursos provenientes de los peajes. “Los fondos recaudados deben destinarse exclusivamente al mantenimiento y mejoramiento de las rutas nacionales. Sin embargo, actualmente están siendo dilapidados en obras municipales de claro tinte político, mientras las rutas nacionales se encuentran en estado de abandono”, señalaron.
Finalmente, exigieron dejar sin efecto de manera inmediata la solicitud de Tape Porã SA, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales, además del cese de los convenios municipales que no competen legal ni constitucionalmente al MOPC. Reclamaron igualmente la inversión total y exclusiva de lo recaudado en peajes en la recuperación de las rutas nacionales y advirtieron sobre el “deterioro alarmante y criminal” de la red vial.