Estos factores, que muchas veces quedan fuera del debate público, explican por qué el desequilibrio del sistema no responde a un problema coyuntural, sino a tensiones estructurales que se profundizan con el paso del tiempo.
El primer bloque de riesgos es demográfico. La esperanza de vida al nacer y, especialmente, a los 60 años, ha crecido de forma sostenida. A esa edad, el sistema proyecta el pago de jubilaciones durante aproximadamente 19 años para los hombres y 21,4 años para las mujeres. Esta mayor longevidad implica que la caja debe financiar beneficios por más tiempo del que originalmente fue concebido el régimen, elevando el costo de las pensiones y la necesidad de reservas más elevadas.
A lo anterior se suma la relación entre activos y pasivos. A diciembre de 2023, el sistema registraba en promedio tres aportantes por cada jubilado. Sin embargo, la relación varía significativamente entre regímenes: mientras en el caso de los magistrados judiciales se observan 15,2 activos por pasivo, en las Fuerzas Armadas la relación apenas alcanza 2,1.
Una ratio inferior a 5:1 ya constituye una señal de presión financiera relevante. Este desbalance evidencia que el problema no es homogéneo, sino que responde a estructuras internas muy dispares.
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El estudio también advierte sobre la incorporación de nuevos afiliados. Aunque la población de aportantes crece a un ritmo promedio de 4,85% anual, la antigüedad promedio disminuye y el perfil de los nuevos trabajadores presenta salarios iniciales inferiores a los de los actuales jubilados. Si la tasa de crecimiento de la fuerza laboral se desacelera o si la migración reduce la base de cotizantes, el sistema enfrentará mayores dificultades para sostener sus obligaciones.
El segundo bloque de riesgos es económico. Las jubilaciones y pensiones se indexan al Índice de Precios al Consumidor. Si bien la inflación promedio entre 2013 y 2023 fue de 4,21%, los repuntes observados en 2021 y 2022 muestran cómo episodios puntuales pueden elevar de manera abrupta el gasto previsional.
En un escenario en el que la inflación futura supere las proyecciones del 4% anual utilizadas en el estudio, el valor de las reservas resultaría insuficiente.
En paralelo, el rendimiento de las inversiones constituye un punto sensible. La tasa real de interés asumida, de 5,035% anual, se basa en tasas pasivas de depósitos a plazo. Sin embargo, una parte de los excedentes permanece en el Banco Central del Paraguay (BCP) sin generar rendimiento, mientras otra se invierte en instrumentos sujetos a la volatilidad del mercado. Una caída sostenida de las tasas de interés reduciría el crecimiento del patrimonio y ampliaría el déficit.
A esto se agrega el supuesto de crecimiento salarial del 1% anual. Cambios en la política salarial, recortes presupuestarios o contracciones económicas pueden afectar directamente el flujo de aportes, profundizando el desequilibrio financiero.
El tercer grupo de riesgos se vincula con el diseño normativo del sistema, abordado ampliamente en ediciones anteriores, pero que amerita indiscutiblemente ser incorporado en el análisis. La heterogeneidad entre regímenes en cuanto a requisitos de edad, años de servicio y tasas de sustitución, que oscilan entre 47% y 94%, genera inequidades y presiones adicionales. Regímenes sin edad mínima o con tasas de sustitución elevadas incentivan jubilaciones tempranas y reducen la base de cotizantes.
Existen, además, beneficios que incrementan las obligaciones futuras sin contar con una fuente de financiamiento directa. En el caso del Magisterio Nacional, se permite sumar hasta tres años de antigüedad por hijos. Asimismo, aunque la Ley 2345/03, modificada por la Ley 2527/04, prohíbe expresamente el pago de aguinaldo a jubilados, este se otorga habitualmente a través de disposiciones en la Ley del Presupuesto General de la Nación de cada ejercicio. Al no existir aportes específicos que respalden este beneficio, se incrementa la carga futura y se profundiza la inequidad intergeneracional.
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La indexación automática por inflación, que protege el poder adquisitivo de los jubilados, también representa un desafío en entornos de alta volatilidad. A ello se suma la práctica de mantener un nivel de beneficio promedio cercano al 80% del salario de los activos, lo que exige una base muy amplia de aportantes para sostener el financiamiento.
Finalmente, y a modo de remarcar, el estudio resalta la sensibilidad del sistema ante variaciones. En efecto, las proyecciones de reservas y flujos financieros dependen de variables como la tasa de interés, la inflación, el crecimiento salarial, la rotación de afiliados y las tablas de mortalidad. Pequeños cambios en estos supuestos pueden generar variaciones significativas en el déficit actuarial.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.