La Cámara de Senadores se prepara para debatir el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal, luego de que la Cámara de Diputados le otorgara media sanción con una serie de modificaciones respecto al plan original del Ejecutivo.
Esta iniciativa busca paliar un déficit que alcanzó los US$ 380 millones al cierre de 2025, según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Sin embargo, la aprobación generó críticas y posturas encontradas entre senadores de la oposición, quienes, si bien coinciden en la necesidad de la reforma, cuestionan fuertemente la forma y el fondo del tratamiento.
Nakayama: “Es injusto que la mayoría cargue con una caja deficitaria”
El senador Eduardo Nakayama (independiente), aunque se manifestó a favor de la necesidad de la reforma, instó a tratar el proyecto en el periodo ordinario, argumentando que no ve “ningún apuro para que se trate”.
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Subrayó que la reforma es imperativa, ya que el déficit actual obliga a financiar la caja con el Presupuesto General de Gastos de la Nación a partir de agosto, lo cual considera “injusto” para la mayoría de la población.
El legislador hizo énfasis en la imperiosa necesidad de garantizar la “igualdad ante la ley” y evitar a toda costa la creación de “castas de privilegiados”, en alusión directa a lo que denominó como “jubilados VIP”.
“Hay puntos que son muy controvertidos, porque aquí se ha puesto mucho foco principalmente en los docentes y en las fuerzas públicas, pero no se ha hablado de otros jubilados que son VIP dentro del sector público. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay muchos embajadores que se jubilan con sus sueldos de embajador en el exterior. Y eso es más de lo que gana el presidente de la República. (...) Yo creo que nosotros tenemos que hacer un análisis más profundo de esto, porque fíjense que en el caso del IPS existe un tope legal de diez salarios. Nadie puede cobrar más de diez salarios según la ley, aunque aporten más de diez salarios”, expresó Nakayama.
Ever Villalba: Aprobación del proyecto se hizo sin debate ni análisis
Por su parte, Ever Villalba (PLRA) se posicionó como el crítico más duro del proyecto, calificándolo de “regresivo” y de ser un ajuste que recae sobre el eslabón más débil: los trabajadores.
Acusó al sector oficialista de “atropellar” y tratar el proyecto “sin debate, sin análisis, sin tener ni siquiera el cálculo actuarial”, asegurando que el plan es aprobarlo sin modificaciones antes del inicio de clases.
Para el parlamentario liberal, el proyecto busca “maquillar los números del Estado paraguayo” para cumplir con la “receta del Fondo Monetario Internacional” (FMI) y permitir al gobierno seguir solicitando préstamos.
En este contexto, sostuvo que el ajuste atenta contra los derechos adquiridos de los trabajadores, enviando a docentes y policías a “que trabajen hasta su muerte”, mientras que se evita subir impuestos a los sectores de mayores ingresos.
Rafael Filizzola: Sin estudio actuarial, solo se está “pateando el problema”
Finalmente, Rafael Filizzola (PDP) se sumó a las críticas sobre la falta de información y debate, enfocándose en que el proyecto no resuelve el problema de fondo ni cuestiona el modelo de reparto actual.
Lamentó que el Senado no cuente con el estudio actuarial, sin el cual es imposible determinar la viabilidad de la caja o cuánto tiempo se gana con las modificaciones introducidas por Diputados.
“Tenemos un informe del MEF, pero no tenemos el estudio actuarial, que es el que nos dice hasta cuándo la caja es viable. Supuestamente para ellos con esto (la reforma) ganábamos tiempo con su proyecto original, pero ahora con los cambios que hace la Cámara de Diputados, ni siquiera sabemos cuánto tiempo se gana. O sea que básicamente lo que se está haciendo es patear el problema para adelante, engañándole a la gente”, criticó Filizzola.
Añadió que la discusión no toca el “problema de modelo”, que permite la coexistencia de cajas con distintos derechos y obligaciones. Asimismo, cuestionó la inconsistencia de tratar igual a cajas con y sin déficit, y sugirió analizar la posibilidad de migrar a un sistema mixto, mencionando el caso de Uruguay.
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Finalmente, propuso un modelo universal que unifique derechos y obligaciones, eliminando los privilegios para todos los funcionarios.