Tras la decisión del Senado de postergar el estudio del proyecto de ley que busca reformar la Caja Fiscal, el economista César Paredes, presidente de CADIEM Administradora de Fondos, analizó el escenario económico y político.
Teniendo en cuenta la urgencia por contener un déficit que crece cada año y que alcanzó los US$ 380 millones en el último año, el economista César Paredes calificó la coyuntura actual como una “gran oportunidad perdida” para aplicar los correctivos profundos que el sistema previsional necesita, esto tras la postergación del tratamiento por parte del Congreso y por las modificaciones introducidas.
Paredes aclaró que la reforma, tal como fue planteada por el Poder Ejecutivo, no tenía la capacidad de eliminar el déficit fiscal de inmediato, una tarea que llevaría al menos una década, según sus estimaciones.
Señaló que el objetivo real de la iniciativa era “disminuir el ritmo del aumento del déficit” y enviar una señal de estabilización a los mercados y a la economía.
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En este contexto, el economista describió la situación actual de la Caja Fiscal como un “barril sin fondo”.
Enfatizó que la intención de la reforma era establecer parámetros para que el saldo rojo, en lugar de crecer exponencialmente, se estabilice en ciertas cifras mientras el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ayuda a diluir su peso relativo con el tiempo.
La oportunidad perdida y el costo político
El punto central de la crítica de Paredes radica en que el gobierno actual contaba con las condiciones políticas ideales para ejecutar estos cambios.
Según el economista, se perdió la oportunidad porque el oficialismo posee la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar medidas que, aunque impopulares, son imprescindibles para corregir los privilegios de ciertos sectores y priorizar áreas altamente prioritarias.
En ese sentido, criticó que se dilate el proceso, ya que al abrirlo a mayores concesiones políticas en el Senado, el costo de la reforma aumenta y su efectividad disminuye, según explicó.
Una reforma de caja fiscal suavizada
Ante el escenario de postergación y debate, Paredes pronostica que la reforma finalmente se aprobará, pero será “una versión suavizada” y con un impacto mucho menor al proyectado originalmente.
Estima que se mantendrán ajustes básicos, como la regulación de la edad mínima para evitar jubilaciones prematuras, haciendo referencia al sector de las Fuerzas Públicas, que presentaron casos de jubilaciones con 32 y 35 años, según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Va a ser mucho menos efectivo de lo que se pretendía al comienzo, pero está bien. Si se buscaba un 100%, lograr un 40 o 50% ya es algo, es mejor que nada. Va a ser una reforma para decir que se hizo algo”, afirmó.
Aumento de impuestos en un futuro
La consecuencia más alarmante de no corregir el déficit de manera contundente es la presión tributaria futura.
Paredes advirtió que el desbalance de la Caja Fiscal será, definitivamente, uno de los motivos por los cuales se deberán aumentar los impuestos más adelante.
Según su explicación, aunque es probable que este problema se transfiera a la siguiente administración, la sostenibilidad fiscal obligará a buscar nuevos ingresos para cubrir el agujero que esta reforma diluida no logrará cerrar.
Reforma y sus principales cambios
El proyecto de Ley de reforma del Fondo de Jubilaciones establece entre sus principales cambios la edad mínima de 57 años para sectores como docentes y policías que no contaban con este requisito y en el caso de los magistrados aumenta de 50 a 57 años.
Además también aumenta el porcentaje de aportes para los afiliados al 19% para sectores deficitarios, de acuerdo con la propuesta aprobada por Diptuados.
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Otro cambio significativo es el recorte del haber jubilatorio. Por un lado, la versión Diputados bajó de 70% al 85%, pero habría una propuesta de senadores para elevar a un rango de 75% y 90%. El tratamiento de la citada ley se reanudará el 25 de marzo.
Ante los cambios que se vienen anunciando en el régimen de jubilaciones, se vienen reportando retiros masivos de agentes policiales, que hasta ayer ya superaban las 300 solicitudes.